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Atentados, detenciones y torturas: El explosivo informe del exjefe del Ejército de Chile sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura

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La denuncia impacta en medio de la transición, ya que Boric asumirá como presidente la próxima semana.
Atentados, detenciones y torturas: El explosivo informe del exjefe del Ejército de Chile sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura

En una crítica inédita, el excomandante en Jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez Menanteau, reconoció y condenó la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en violaciones a los derechos humanos cometidas por esta institución antes y durante la dictadura de Augusto Pinochet (1976-1983).

"Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar", se titula el informe de 120 páginas que Martínez Menanteau dio a conocer luego de que la víspera renunciara al cargo para enfrentar una causa en la que se le acusa de fraude y desvíos de fondos.

La difusión del documento alteró el clima político de Chile a solo una semana de que el presidente Sebastián Piñera termine su mandato, ya que el próximo 11 de marzo asumirá el político izquierdista Gabriel Boric.

Uno de los casos a los que se refiere el informe es el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider Chereau, ocurrido el 25 de Octubre de 1970, cuando militantes de extrema derecha lo acribillaron en la calle.

"En el asesinato del General Schneider hubo participación de civiles y de militares en servicio activo y en retiro, los que habrían contado con el apoyo de la CIA", señala.

Sobre la participación de este organismo, agrega que el 18 de octubre de ese año hubo comunicaciones que reportaban el embarque de armas y municiones desde EE.UU. que llegaron a su embajada en Chile y que iba a ser usadas para secuestrar a Schneider Chereau.

"En una de las notas de la CIA se indicaba que 'neutralizar a Schneider será un prerrequisito clave para el golpe militar, ya que él se opone a cualquier intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la elección constitucional de Allende", recuerda.

Críticas

También afirma que las armas proporcionadas por la CIA habrían sido entregadas a un grupo de oficiales chilenos liderados por el General Camilo Valenzuela y el General Roberto Viaux, quienes tuvieron los principales roles en la planificación y conducción del grupo que mató al general.

"El asesinato del General Schneider fue un triste y luctuoso hecho, muy doloroso y un agravio al ethos militar. Quedó en evidencia que cuando militares de alto rango pierden las referencias éticas y se mezclan con activistas políticos fanatizados por causas afirmadas en un patriotismo equivocado, al final será el Ejército el que sufrirá un perjuicio muy difícil de reparar", lamenta.

Otro caso es el conocido como "el Tanquetazo", una sublevación militar encabezada el 29 de junio de 1973 por el entonces teniente coronel Roberto Souper Onfray, con participación de otros oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Con respecto al golpe de Estado contra Allende, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, señala que las instituciones armadas se vieron enfrentadas a situaciones "extremadamente críticas" que marcaron su futuro, principalmente del Ejército.

"Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación –ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas– fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar", señaló.

Uno de los episodios más condenables, agrega, fue el recorrido del General Sergio Arellano Stark y su comitiva, que fue bautizado como la 'Caravana de la Muerte'. Durante ese periplo, el militar viajó a diversas guarniciones del norte y sur del país y dejó una huella de ejecuciones que afectó a la Institución y que permitió que, años más tarde, integrantes del Ejército, en su mayoría de baja graduación jerárquica, fueran procesados y condenados.

"Estas personas quedaron desvalidas de apoyo, ya que se asumió que las responsabilidades eran individuales", denuncia.

Magnicidio

El informe recuerda el atentado que terminó con las vidas del general de Ejército Carlos Prats González y de su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires.

"[Los asesinatos] se han constituido también en una gran vergüenza institucional, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al Ejército, pero quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la Institución", apunta el informeƒ.

Según consta en el expediente de la investigación, el agente norteamericano de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Michael Townley, colocó un artefacto explosivo en el automóvil de Prats y el 30 de septiembre de 1974, a las 00:50, lo hizo detonar mediante un dispositivo a control remoto cuando el matrimonio regresaba a su domicilio.

Para Martínez Menanteau, fue un crimen "extremadamente cobarde, vergonzoso, violento, cruel y repudiable".

Ya después de la dictadura, retoma el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación que demuestra que personal de las Fuerzas Armadas y policiales ejecutaron a personas en sus viviendas, en la vía pública, en cuarteles y en recintos castrenses y civiles.

"Si bien la mayoría de las detenciones obedecían a una orden superior, es reprochable que los detenidos hayan sido torturados, como lamentablemente ocurrió y más aún el hecho que algunos hayan sido ejecutados sin que existiera un debido proceso judicial, como estaba expresamente dispuesto en el Código de Justicia Militar de 1944", afirma.

Estas situaciones, añade, "provocaron un grave daño al prestigio de la Institución". En esa línea, agrega: "No se pueden violar derechos internacionalmente establecidos, que incluyen la prohibición de la tortura, la prohibición de ejecuciones sumarias, la no discriminación, y el respeto a los detenidos".

También considera "inaceptable" que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias, reclamo que mantienen vigente los organismos de derechos humanos.

"Los mandos que no asumieron su responsabilidad por las consecuencias que produjeron las órdenes que emitieron, también ocasionaron un grave daño a la Institución. Se relativizaron y desconocieron 'órdenes verbales' imprescindibles para la operación de los medios militares en todo tiempo y circunstancia", acusa.

Quienes así lo hicieron, concluye, "comprometieron el 'honor militar'  que es un valor fundamental que debe ser observado de Soldado a General. No son pocos los oficiales y suboficiales de baja graduación que, como consecuencia de haber actuado en cumplimiento de órdenes verbales que posteriormente fueron desconocidas por sus superiores, hoy están privados de libertad".

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