El pasado viernes, la difusión de una misiva por parte del gabinete real marroquí hizo salir a la luz un polémico cambio de postura del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, sobre el conflicto que se desarrolla en el Sáhara Occidental desde hace casi cinco décadas.
La arena del desierto de Sáhara que la semana pasada cubrió los cielos de España se vislumbran ahora como un presagio del giro histórico de la política española. Así, un comunicado de la Casa Real marroquí recogía que "España considera la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución de las diferencias".
Inesperado cambio de postura
De esta manera, el Gobierno de España lleva a cabo un giro histórico en la política exterior con respecto a su excolonia, ya que hasta la fecha siempre se había mostrado alineada con los postulados de Naciones Unidas, que aboga por una solución multilateral en la que se contemple el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Por el contrario, la tesis avalada por Marruecos, que ahora cuenta con el respaldo de España, se basa en el plan que este país presentó en 2007 y que contemplaría que el Sáhara Occidental se convierta en una provincia marroquí.
Este inesperado cambio de postura ha tomado por sorpresa al socio de Gobierno del Partido Socialista, Unidas Podemos, a quien no le fue comunicado con anterioridad y que se enteró cuando la misiva fue publicada por la prensa marroquí afín a la Casa Real de Mohamed VI.
Este lunes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, perteneciente a Unidas Podemos, ha manifestado que "las formas han sido incorrectas" y que se trata de "un cambio radical de posición que merece el respeto y el diálogo con todas las formaciones política". Asimismo, ha sostenido que se trata de un cambio "de fondo", que "en absoluto" comparte.
Por su parte, la población saharaui residente en España ha rechazado esta decisión, calificando de "traición" la nueva actitud de Sánchez. Para este sábado, 26 de marzo, hay convocada una manifestación frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid.
Se especula con que la difusión de la carta no fuese pactada previamente y haya sido una jugada marroquí para presionar en el ámbito internacional a favor de sus intereses.
Reanudación de las relaciones diplomáticas
Tras la recepción de la carta de Pedro Sánchez, la embajadora marroquí Karima Benyaich regresó el domingo a Madrid, después de que hubiera sido llamada a consultas por su Gobierno el pasado mes de mayo, cuando se desató una de las mayores crisis diplomáticas de los últimos años entre España y Marruecos.
El Gobierno de Marruecos se ha felicitado por el mensaje del mandatario español. Además, ha anunciado que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, visitará Rabat antes de que dé comienzo el mes del ramadán, el próximo 2 de abril. También el propio Sánchez tendría previsto visitar al país vecino en breve.
Argelia habla de traición
En cambio, en esta ocasión ha sido el Ejecutivo de Argelia quien el pasado sábado llamó a consultas a su embajador como forma de protestar por el contenido de la misiva, que calificó de "traición". Así, Argelia ha sido el primer país en mostrar su rechazo al Gabinete de Pedro Sánchez. Un país que mantiene tensas relaciones con Marruecos, que hace pocos meses se plasmó en el anuncio del cierre del gasoducto que atravesaba Marruecos y que suministraba gas a España.
En aquel entonces Argel manifestó que no se vería perjudicado el suministro de España, pues aún continuaba en uso el segundo viaducto conectado con la Península Ibérica a través del Mediterráneo y estaban dispuestos a aumentar los envíos, si era necesario, a través de barco, que solo tarda un día en llegar a las costas españolas.
Ahora, en medio del conflicto de Ucrania y la subida del precio de los combustibles, en particular del gas ruso del que se nutre Europa, surgen dudas de si este movimiento puede tener consecuencias en el mercado energético español y europeo.
Asimismo, el analista Aníbal Garzón señala que el recorte de los suministros del gas argelino debilitaría la economía de España y aumentará su dependencia a Estados Unidos. "El hecho de que España no tenga esa entrada de gas por parte de Argelia finalmente hará que dependa más del gas norteamericano. Actualmente, el primer país que este vendido gas a España es justamente es EE.UU., tras el cierre de un oleoducto que pasaba por marruecos", indicó el analista.
El Frente Polisario avisa de que viola la legalidad internacional
El Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional reconocido por la ONU como el legítimo representante del pueblo saharaui, ha respondido inmediatamente al cambio de la postura del Gobierno de Pedro Sánchez: "España sucumbe ante el chantaje y la política del miedo utilizada por Marruecos. Es una posición que no se corresponde con la responsabilidad política y jurídica de España y que condicionará su papel en la resolución del conflicto", ha sostenido su delegación en Madrid.
Además, en otro comunicado, emitido el pasado sábado, tachaba de "lamentable" la posición expresada por el Gobierno español, que "está absolutamente en contradicción con la legalidad internacional". Además, decía que esta posición "afecta de forma muy negativa a cualquier posible rol de España en la solución del conflicto de descolonización" y sostenía que España no puede dar la espalda a sus responsabilidades jurídicas y políticas.
¿Qué dice la ONU?
El portavoz de la ONU Stéphane Dujarric, tras confirmar que había visto el anuncio del Gobierno español de la pasada semana, afirmó en declaraciones a Efe que la ONU "reitera la importancia de mantener el compromiso de las partes con el proceso político facilitado por la ONU, en línea con la resolución 2602" de 2021, que recoge la necesidad de "lograr una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".
Además, la nueva postura de España llega tan solo cuatro meses después de que la ONU prolongase, tras largas discusiones, el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) y nombrara un nuevo enviado especial, el diplomático Staffan de Mistura.
Para la ONU el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo que todavía se encuentra pendiente de descolonizar, a la vez que reconoce el derecho del pueblo saharaui a la libre autodeterminación. En este escenario el papel de España es importante, al tratarse de la antigua potencia colonizadora. Además, la soberanía marroquí sobre este territorio no está reconocida por ninguna institución internacional.
¿Qué esconde el cambio de postura?
Solo unas horas después de que la misiva se hiciera pública por parte de la Casa Real marroquí, Moncloa emitió un comunicado confirmando su veracidad. El documento, de tres párrafos, comenzaba afirmando que se iniciaba "una nueva etapa de la relación con Marruecos basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente", con el objetivo de garantizar "la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros dos países".
Además, habla de cooperación "en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y en el Atlántico". Así, se trasluce que el Gobierno español busca la colaboración para el control de los flujos migratorios para evitar episodios como el vivido el pasado mayo, cuando Marruecos dejó sin vigilancia su lado de la frontera con el enclave español de Ceuta y la ciudad autónoma se vio desbordada por la mayor entrada irregular de migrantes de las últimas décadas. Hace dos semanas se repitió un episodio similar, esta vez en la ciudad autónoma de Melilla, cuando alrededor de 5.000 personas de origen subsahariano intentaron atravesar la valla fronteriza.
La crisis de Ceuta se produjo, precisamente, a raíz de la acogida en abril de 2021 al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento hospitalario por la infección de coronavirus que padecía y que propició la llamada a consultas de la embajadora marroquí.
Casi cinco décadas de conflicto
La problemática en torno al Sáhara Occidental se arrastra desde 1975, año en el que España se retiró de la que hasta entonces era su colonia, después de comprometerse con Naciones Unidas a descolonizar el territorio.
Marruecos y Mauritania ocuparon la zona y se inició una guerra con el Frente Polisario. Miles de refugiados huyeron hasta Argelia y se establecieron en los campamentos de Tinduf, donde todavía residen entre 175.000 y 300.000 refugiados. Otros muchos permanecieron en el territorio ocupado, donde denuncian la represión marroquí.
Tras la retirada de Mauritania en 1979, Marruecos ocupó todo el terreno y el conflicto armado continuó hasta que en 1991 se firmó un alto el fuego con el Frente Polisario. En ese año se estableció la MINURSO, con el objetivo de convocar un referéndum de autodeterminación que, 31 años después, todavía no se ha celebrado.
Esa celebración ha sido boicoteada durante años por Marruecos, que hace tres años anunció que nunca aceptaría la independencia del Sáhara Occidental. Su apuesta es la de la creación de una autonomía dentro del reino alauí.
España siempre había respaldado la tesis de la ONU, por lo que ahora es la primera vez en la que aboga de manera pública por reconocer la ocupación marroquí. El plan de Mohamed VI contempla una autonomía que tendría un presidente y una Asamblea elegidos en sufragio universal, lo que incluiría a los colonos marroquíes que, después de más de cuatro décadas, ahora son la mayoría de la población.
El alto el fuego se rompió en noviembre de 2020 y comenzó una guerra de baja intensidad que todavía continúa entre los independentistas saharauis y Marruecos.