Áñez se descompensa durante una audiencia caótica y el juicio en su contra se posterga por segunda vez

El juicio en contra de la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, se postergó este lunes por segunda vez luego de una audiencia caótica en la que la acusada se descompensó supuestamente por una crisis nerviosa.

Después de un forzado receso, el Tribunal Primero de Sentencia de Anticorrupción estableció que la nueva fecha de inicio del juicio será el 4 de abril. La primera convocatoria había sido el pasado 10 de febrero, pero ese día se cambió para el 28 de marzo debido a fallas técnicas e impugnaciones de los abogados defensores.

Sin embargo, esta segunda convocatoria también fracasó, ya que en la sesión previa a la declaratoria formal de inicio del juicio de nuevo hubo gritos y quejas de los abogados de la acusada, más constantes interrupciones y fallas de audio que impedían escuchar a los oradores, entre los que había testigos, fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales. Además, los periodistas fueron sacados de la sala virtual.

Áñez participaba de la sesión desde el penal de Miraflores, en donde se encuentra presa desde el año pasado, cuando se desvaneció y tuvo que ser atendida por los médicos. Estaba acompañada por su abogada, Norka Cuéllar, y vestía una camiseta que tenía estampado su propio rostro y el lema "presa política".

El tribunal ordenó el receso de la sesión a la espera de que la exsenadora se recuperara, ya que el juicio no podría iniciar sin ella presente. A través de la pantalla se veía cómo lloraba y se cubría el rostro con las manos. Lo mismo le ha ocurrido en otras presentaciones judiciales en las que ha alegado descompensación por ataques de ansiedad.  

La nueva postergación reavivó el intercambio de acusaciones entre el Gobierno de Luis Arce y la familia de Áñez.

El Ministerio de Justicia y Transparencia aseguró en un comunicado que las autoridades respetan el debido proceso, pero ante los intentos de la defensa para obstaculizar el juicio, se debe recordar que la interrupción injustificada de un proceso de este tipo es un delito, ya que retarda la aplicación de la justicia. 

"Los problemas provocados para interferir en la audiencia virtual y el uso desmesurado de recursos procesales por la parte acusada y sus abogados, reflejan una actitud obstaculizadora y contraria al derecho constitucional a contar con decisiones judiciales en un plazo razonable y sin dilaciones", advirtió.

Tensión

En el intercambio de acusaciones, la hija de Áñez, Carolina Ribera, denunció que se vulneraron los derechos de su madre porque, a pesar de que estaba mal de salud y en medio de una crisis nerviosa, el tribunal insistía en iniciar el juicio.

El domingo ya había reiterado sus críticas al presidente Luis Arce y al ministro de Justicia, Iván Lima, por considerar que están interviniendo en el proceso, y hoy insistió en la inocencia de su madre.

En el mismo sentido se pronunció uno de los defensores de la expresidenta, Jorge Valda, quien insistió en que se pretende avanzar con una causa judicial en medio de múltiples irregularidades procesales.

"No se ha atendido la situación médica y crítica que padece la expresidenta, eso demuestra que existe una decisión de prejuzgamiento desde el Ministerio Público, es vergonzoso, absolutamente un abuso de poder", dijo. 

La tensión política que genera el caso también se reflejó en las calles, ya que desde temprano miles de personas se congregaron afuera de la cárcel de Miraflores para exigir justicia por las víctimas que dejó el Gobierno de la expresidenta.

Cargos

En este juicio, que fue bautizado como 'Golpe de Estado II', Áñez está acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que Morales fuera obligado a dimitir.

Entre las múltiples anomalías citadas por la Fiscalía, destaca el hecho de que Áñez se colocó la banda presidencial en una sesión del Senado que no contaba con el quórum necesario para validar la ceremonia.

Además, ante la dimisión de Morales, la presidencia interina debía recaer en un legislador o legisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), ya que tenían mayoría de escaños, y no en el bloque opositor del que Áñez formaba parte.

Durante el juicio se analizará  la participación de políticos, policías, militares y personas de la sociedad civil que organizaron una sucesión presidencial irregular.

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Por eso, junto con Áñez también están imputados el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; y los excomandantes del Ejército, Pastor Mendieta; Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros; y Fuerzas Armadas, Palmiro Jarjury; el exinspector Jorge Elmer Fernández y el exjefe del Departamento de Operaciones, Sergio Carlos Orellana.

A ellos se suman dos prófugos: el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.

Detención

Áñez, quien gobernó durante una año a partir de noviembre de 2019, fue detenida el 15 de marzo de 2021, sólo cinco meses después de que Luis Arce, el candidato del MAS, ganara la presidencia en unas elecciones que representaron el regreso de la democracia en Bolivia.

Desde entonces hay dos grandes causas judiciales en su contra. Una es la llamada 'Golpe de Estado I', en la que se le imputan los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y que está en curso pero todavía sin llegar a juicio; y 'Golpe de Estado II', que inició este lunes.

Junto con su participación en el derrocamiento de Morales y su anómala asunción como presidenta, también se investigan otras causas por delitos de lesa humanidad referidas a las masacres de Sacaba y Senkata que llevaron a cabo las fuerzas de Seguridad y militares a su cargo durante los primeros días de su gobierno, y que dejaron un saldo de por lo menos 38 personas asesinadas y cientos más heridas.

Desde que fue detenida en la cárcel de Miraflores, ubicada en La Paz, Áñez se autoproclamó como presa política y exigió en varias ocasiones la prisión domiciliaria al considerar que era víctima de violencia institucional. Sin embargo, las autoridades bolivianas rechazaron sus peticiones.

Tampoco fue apoyada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que rechazó las  medidas cautelares interpuestas por la expresidenta.

Defensa

Áñez ha desacreditado de manera directa las investigaciones. Sin reconocer jamás el golpe de Estado, insiste en que sólo se pretende "borrar la historia" del "fraude" de Morales para llevar a cabo un "juicio ilegal" en contra de "defensores de la democracia, de la justicia y de la libertad".

En marzo, cuando inicio una huelga de hambre en protesta por el inicio del juicio que finalmente se frustró, Áñez escribió una carta en la que aseguró que asumió la presidencia "sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo".

Agregó que lo que sucede actualmente en Bolivia parece de "una época medieval y totalitaria" y con "presos políticos", condición que no le ha sido reconocida por ningún organismo nacional ni internacional.

Más allá de las declaraciones, el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó la comisión de fiscales presentó la acusación formal en contra de Áñez con base en más de 70 pruebas y más de 20 testigos.