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Chile y Bolivia se enfrentan nuevamente en la Corte Internacional de Justicia por las aguas del río Silala

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Los chilenos piden al tribunal que declare "la condición de río internacional" al caudal, mientras que Bolivia acusa a su vecino de canalizar artificialmente el cauce y exige el pago por el uso de estas aguas.
Chile y Bolivia se enfrentan nuevamente en la Corte Internacional de Justicia por las aguas del río Silala

Desde este viernes 1 de abril, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya comienzan los alegatos del caso de las aguas del río Silala, que enfrenta nuevamente a Chile y Bolivia ante esta institución, el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Estas dos naciones sudamericanas vuelven a tener un cara a cara ante La Haya, luego de la controversia por la salida al mar para Bolivia, que culminó en octubre de 2018 con un fallo en el que el tribunal concluyó que Chile no está obligado "jurídicamente a negociar un acceso soberano al océano Pacífico" para su vecino.

Ahora es el turno del Silala, un río que nace en la alta cordillera de Bolivia, a 4.350 metros de altura y a unos 3,5 kilómetros al este del límite con Chile. Tiene su origen en el extremo noroeste del cantón de Quetena, en la provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí.

Su cauce tiene una longitud de 10 kilómetros, de ellos, unos cuatro están en territorio boliviano y seis en tierras chilenas. El caudal empalma con el río Helado, formando el San Pedro de Inacaliri, un afluente del río Loa, el más grande de Chile, en la región de Antofagasta.

La disputa ante la CIJ comenzó con una demanda que interpuso Chile en junio de 2016, en la que solicitó al tribunal que declare "la condición de río internacional" al Silala y, como consecuencia de ello, que este país "tiene derecho al uso de sus aguas bajo el derecho internacional", según informó la Cancillería chilena entonces.

Por su parte, Bolivia sostiene que el Silala es un afluente que nace en su territorio en manantiales y en aguas subterráneas y exige el pago por el uso de estas estas a Chile, al que acusa de canalizar artificialmente el cauce. En agosto de 2018 este país presentó una contrademanda ante la CIJ.

Del acuerdo al pleito

La situación sobre el Silala se remonta a 1904, cuando Bolivia y Chile firmaron el Tratado de Paz y Amistad, donde delimitaron sus territorios definitivos, tras la Guerra del Pacífico (1879-1884).

En el acuerdo, que significó para Bolivia la pérdida de su acceso al mar, también establecieron que el Silala es un curso de agua que cruza el límite entre ambos países, entre el cerro Silala y el cerro Inacaliri.

De acuerdo con información de la Cancillería boliviana, en 1908 le fueron otorgados en concesión las aguas del Silala a los ferrocarriles chilenos de Antofagasta para el uso de locomotoras y se aprueba la construcción de canales para surtir de agua a esa empresa.

Sin embargo, argumenta la institución, desde 1940, cuando las locomotoras dejan el agua, los ferrocarriles de Antofagasta habrían comenzado a vender estas aguas para otros fines. Así, 25 años después, en 1965, se presenta una denuncia ante el Concejo Nacional de Chile contra esta empresa porque estaban negociando las aguas con compañías dedicadas a la explotación del cobre y obras sanitarias, sin autorización.

En 1996, El Diario de Bolivia denunció el desvío de las aguas del Silala y varios medios plantearon que cualquier uso del río por parte de Chile debía tener una compensación económica para el país vecino.

En 1997, la Cancillería boliviana contrata estudios donde se constataría que no existe un río internacional y que son manantiales conducidos por drenajes. Ese mismo año, Bolivia revocó la concesión otorgada a los chilenos, bajo el argumento de que las aguas no fueron utilizadas para los fines establecidos.

Ya en la década del 2000, se realizaron reuniones y trabajos en el terreno entre ambos países, en relación con los recursos hídricos que comparten. En 2004 se crea un grupo de trabajo sobre el Silala y en 2006 la problemática en torno a este río se incluyó en la agenda de 13 puntos firmada por los entonces presidentes Evo Morales (Bolivia) y Michelle Bachelet (Chile).

Esa agenda, no obstante, se dejó a un lado en 2010, cuando llegó Sebastián Piñera a la presidencia de Chile. Para dirimir la disputa, Santiago finalmente decidió acudir a La Haya en junio de 2016 y Bolivia presentó su contrademanda en 2018.

En febrero de 2020, cuando Bolivia estaba bajo el gobierno de facto de Jeanine Áñez, la Cancillería de ese país emitió un comunicado para informar que esa administración asumía la defensa por este caso y señaló que el litigio, que se inició durante el mandato de Morales, en sus actuados procesales (Contramemoria) admitió que "una parte" de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile.

Esta argumentación es vista en Chile como una cambio en la postura boliviana, que los beneficiaría. Ximena Fuentes, la agente chilena que ha estado a cargo del proceso desde que comenzó y quien se desempeña como subsecretaria de Relaciones Exteriores, dijo recientemente que "hoy el argumento boliviano es que una parte de ese flujo del río Silala sería, lo que llaman ellos, flujo artificial".

Los defensores

Ante de iniciar la presentación de alegatos en la CIJ, Fuentes manifestó que confía en los argumentos con los que cuenta Chile.

"El Silala es, siempre ha sido y seguirá siendo un río internacional compartido por Chile y Bolivia. Contamos con un equipo de excelencia, tanto en lo profesional como en lo humano, y estamos listos para los alegatos ante la CIJ", escribió en su cuenta en Twitter.

Previamente, el pasado martes, publicó una fotografía en la misma red social, con un mensaje en el que señala que en esa imagen se pueden ver "las nacientes del Silala en Bolivia, en los faldeos del Cerro (volcán) Inacaliri, y la quebrada, labrada durante miles de años, por la cual fluye hasta Chile el río Silala, un curso de agua internacional, que puede ser usado por ambos Estados".

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que la delegación de este país está liderada por el canciller, Rogelio Mayta; el agente ante la CIJ, Roberto Calzadilla y el secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón.

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