El Gobierno de España salva 'in extremis' su decreto anticrisis tras el escándalo de espionaje a líderes catalanes

El Gobierno de España ha salvado este jueves su decreto de medidas anticrisis que debía ser convalidado por la mayoría del Congreso de los Diputados. La medida ha sido aprobada gracias al apoyo de los independentistas vascos de EH-Bildu, después de la fisura abierta tras el destape del espionaje a políticos y líderes catalanes.

De hecho, poco se ha hablado de las medidas económicas que recogen más de 6.000 millones de euros en ayudas, sino que se ha puesto el foco en el escándalo conocido como caso Pegasus, donde el Estado supuestamente espió a docenas de políticos, periodistas y abogados catalanes y vascos.

Según algunos diputados independentistas, España se encuentra ante el mayor escándalo político en décadas. Así, uno de los principales socios de legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se negó a votar sí este jueves en protesta por la falta de explicaciones sobre el escándalo de espionaje.

El Gobierno catalán ha roto sus lazos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras que el Parlamento catalán aprobó este miércoles denunciar el caso Pegasus en los tribunales. Los partidos catalanes piden responsabilidades e, incluso, dimisiones. En el centro de la polémica se halla la ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por unas explicaciones que han calificado de deficientes.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que "la pregunta no es aquí si se ha espiado, si se espía o se espiará": "La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron", ha señalado. Para la portavoz del partido catalán Junts, Míriam Nogueras, "el presidente del Gobierno del Estado español, mientras no se pruebe lo contrario, es el máximo responsable del espionaje al independentismo".

El Gobierno de España, por su parte, ha manifestado su voluntad de esclarecer los hechos con transparencia y objetividad, para lo cual ya ha anunciado diferentes medidas: una investigación dentro de los servicios de Inteligencia, otra por parte del Defensor del Pueblo y una Comisión de Secretos en el Congreso de los Diputados.

La nota discordante la ha dado precisamente la ministra de Defensa, que además de asegurar que todo lo que ha ocurrido se ha hecho dentro de la ley y que no hay ninguna evidencia de que haya pasado lo contrario, también sostuvo que no conoce a The New Yorker, medio que publicó el escándalo, y se ha preguntado: "¿Qué debe hacer un Gobierno cuando alguien declara la independencia?", lo que muchos han interpretado como la asunción involuntaria de que el espionaje se habría producido.

Mientras, la disposición a llegar al fondo del asunto ha sido reforzada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños: "Comprendemos la inquietud de la sociedad catalana y de la sociedad española, que ve con preocupación que se siembra alguna sospecha. Y por eso somos los primeros interesados en que se esclarezca la verdad", ha dicho en el Hemiciclo.

Por su parte, los principales partidos de oposición critican al Gobierno de Pedro Sánchez por tener entre sus socios a los independentistas catalanes y vascos. "Premian ustedes a Bildu y a Esquerra metiéndoles en la comisión de secretos oficiales. Es como si a un ladrón que quiere robar un banco le dan ustedes la contraseña de la caja fuerte", ha afirmado la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas.

Mucho más polémica ha sido Macarena Olona, portavoz del ultraderechista Vox: "Líderes independentistas catalanes supuestamente espiados por los servicios de inteligencia españoles. ¿Y? ¿Dónde está el problema, que les han espiado? Poco, poco les han espiado. Porque en 2017 dieron un golpe de Estado", ha espetado.

¿Qué medidas salen adelante?

Pese a la gran polémica, el Gabinete de Sánchez ha conseguido sacar adelante el decreto. Lo ha hecho con los votos del Partido Socialista, Unidas Podemos, EH Bildu, PDeCat, PNV y partidos minoritarios como Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria. En contra han tenido a los partidos conservadores nacionales Partido Popular, Vox y Ciudadanos y a los catalanes ERC y Junts.

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El decreto que se convalida incluye un abanico de propuestas que el Ejecutivo de Sánchez ha lanzado para hacer frente tanto a la crisis energética como a las consecuencias económicas del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El paquete contempla la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio y un fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a empresas relacionadas con el transporte.

Asimismo incluye la rebaja fiscal de la factura eléctrica, con un descenso del IVA desde el 21 al 10 %, la reducción hasta el mínimo del 0,5 % del impuesto especial a la electricidad y la suspensión del impuesto a la generación, que grababa la factura con otro 7 %. Además el bono social eléctrico se amplía para alcanzar a 600.000 familias.

Se aprueba igualmente una nueva línea de créditos ICO (avalados por el Estado) de 10.000 millones de euros para autónomos y empresas con una carencia de 12 meses, que para aquellos sectores económicos más vulnerables se podría ampliar otros seis meses.

Además, se incluye una ayuda para el sector primario, con 362 millones de euros dedicados a la agricultura y ganadería y 68 millones para el sector pesquero. A esto se suman otros 500 millones para grandes consumidores de electricidad y 125 para la industria de gas intensiva.

En el marco del escudo social que ya se implementó para hacer frente a la pandemia de coronavirus, el Gobierno aprueba una revalorización del Ingreso Mínimo Vital del 15 %, establece el tope del 2 % en el aumento del alquiler para los contratos de arrendamiento que se renueven hasta el 30 de junio, y prohíbe los despidos a las empresas que hayan solicitado ayudas del plan anticrisis o hayan acudido a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).