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La Justicia de Israel autoriza el desalojo de unos 1.000 palestinos de ocho áreas del sur de Cisjordania destinadas al uso militar
La sentencia da luz verde a la expulsión más grande de palestinos en la zona desde la ocupación israelí, en 1967.
Después de dos décadas de disputa legal, el Tribunal Supremo de Israel autorizó el desalojo de unos 1.000 palestinos residentes en poblados del sur de Cisjordania, que ocupan unas 3.000 hectáreas. El fallo emitido el 4 de mayo por la noche forma parte de una disputa legal en torno a un territorio destinado al uso militar, en el que los palestinos vivieron durante décadas.
Los jueces David Mintz, Ofer Grosskopf e Isaac Amit rechazaron el planteo de los pobladores palestinos, que afirmaron que vivían en la zona de Masafer Yatta, cerca de Hebrón, antes de que el lugar fuese declarado como zona de tiro militar en 1981. Además, establecieron que cada uno de los demandantes tendrá que pagar 20.000 séqueles (unos 5.860 dólares) en concepto de gastos.
Durante el proceso, los demandantes representados por la Asociación por los Derechos Civiles de Israel presentaron imágenes aéreas con la intención de demostrar que las aldeas existieron en la zona incluso antes de la formación del Estado de Israel, en 1948. Por su parte, autoridades israelíes afirmaron que los habitantes de la Zona de Tiro 918 no eran residentes permanentes cuando se decidió su uso con fines militares, por lo que no tienen derechos sobre la tierra.
En su fallo, el tribunal finalmente aceptó los argumentos israelíes, a la vez que rechazó el planteo palestino sobre la prohibición de "traslado forzoso" establecida por los Convenios de Ginebra, ya que consideró que esa normativa se refería a situaciones de guerra.
Rechazo al fallo
Tras conocer la decisión, pobladores palestinos de la región manifestaron su repudio. "Es una decisión racista tomada por un juez colono", afirmó Nidal Younes, líder de un consejo local, en referencia al magistrado Mintz, quien vive en Cisjordania. "Hemos estado luchando con Israel en los tribunales durante los últimos 22 años y a este juez le tomó cinco minutos para destruir la vida de 12 aldeas y de las personas que dependen de la tierra", se quejó.
"Esta es la prueba definitiva de que no hay justicia para los palestinos en los tribunales israelíes. Solo hay justicia para los judíos", concluyó.
La sentencia también fue criticada por la ONG israelí Breaking the Silence, que aseguró que dieron "luz verde a la mayor expulsión de pobladores en la historia de la ocupación" desde 1967.
"La deportación de más de mil personas a favor de la expansión de los asentamientos, los puestos de avanzada y el entrenamiento de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel no es solo una catástrofe humanitaria que podría sentar un precedente para otras comunidades en Cisjordania, sino también un paso claro en la anexión 'de facto' de los territorios palestinos ocupados y la consolidación del gobierno militar indefinidamente", denunció la ONG.
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