La Comisión de la Verdad de Colombia afirma que los llamados 'falsos positivos', personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como bajas en combate, fueron "una política de gobierno".
"Los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combate simulados, ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, en su período de exacerbación, años 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno", dijo Alejandro Valencia, miembro de la Comisión de la Verdad en un acto en Soacha, población aledaña a Bogotá.
Esa afirmación será consignada en el informe que entregará la Comisión de la Verdad el próximo 28 de junio.
Según reveló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia en febrero de 2021, entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hubo 6.402 falsos positivos en el país suramericano.
"Pero creemos que esta cifra es preliminar", dijo Valencia en el acto, denominado 'Encuentro por la Verdad: Reconocimiento de responsabilidades sobre las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá y Soacha', en el que estuvieron presentes familiares de jóvenes asesinados y un grupo de exmilitares que han admitido su responsabilidad en esos hechos ante la JEP.
Valencia agregó que las víctimas fueron, en su mayoría, "hombres jóvenes" que provenían de sectores vulnerables. "Fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados, principalmente de guerrillas, sin corroborar su condición y sin encontrarse en enfrentamientos armados".
La comisión informó que desde hace dos años comenzó a trabajar junto a las Madres de los Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO), una organización creada en 2010 y que agrupa a las madres y familiares de 19 personas asesinadas extrajudicialmente por agentes del Estado (14 en Soacha y cinco en Bogotá), "con el objetivo de impulsar acciones para el reconocimiento y dignificación de las víctimas y la construcción de un relato amplio".
"Malversación de fondos del Estado"
De acuerdo con Valencia, los crímenes de falsos positivos tuvieron "apoyo de otras ramas del poder público, para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad".
Añadió que se ha podido evidenciar "una alta malversación de fondos del Estado", que se destinaron para financiar esta práctica criminal.
Dijo que hubo "un uso inadecuado de dinero proveniente de los gastos reservados, el cual terminó en manos de civiles y militares que participaron directa e indirectamente en estos hechos".
El informe da por hecho que se suministraron armamentos, municiones o equipamientos a grupos paramilitares, "usados como moneda de cambio para fortalecer el vínculo de estas estructuras armadas ilegales y planificar bajas, bajo la simulación de combate".
El enojo de Uribe
El pronunciamiento de la Comisión de la Verdad no fue bien recibido por Uribe, quien siempre ha negado que desde su gobierno se dieran instrucciones a los militares para asesinar a jóvenes y hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate.
A través de varios mensajes en su cuenta en Twitter, el exmandatario arremetió contra la comisión, calificándola de "irresponsable" y de haber sido impuesta por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Asimismo, en un video, publicado en la misma red social, dice que la única base de la afirmación de Valencia "es el sesgo de la comisión".
Adelantó que presentará una denuncia al respecto. "Veo que me corresponderá proceder judicialmente contra Alejandro Valencia, quien aparece como el comisionado titular de las declaraciones calumniosas contra el Gobierno que presidí", mencionó.