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"Flagrante violación de la libertad de prensa": revelan que el Gobierno de Biden ordenó obtener acceso a los datos del teléfono de una periodista

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La medida fue parte de una investigación de filtraciones dentro del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre la política de separación de familias de indocumentados.
"Flagrante violación de la libertad de prensa": revelan que el Gobierno de Biden ordenó obtener acceso a los datos del teléfono de una periodista

El Departamento de Justicia ordenó en secreto que se proporcione el acceso a los datos telefónicos de una periodista de The Guardian como parte de una investigación de filtraciones a medios de comunicación. El objetivo era averiguar la identidad de la persona que habría estado divulgando detalles de una indagación sobre las prácticas de separación de familias de indocumentados, informa ese diario.

La medida emprendida en febrero de 2021, al comienzo del periodo presidencial de Joe Biden, fue tomada sin avisar a The Guardian ni a la propietaria del número de teléfono, la periodista de investigación en Washington Stephanie Kirchgaessner.

La orden fue emitida por la Oficina del Inspector General, responsable de investigaciones de casos de violación de leyes por empleados del Departamento.

El medio señala que es muy inusual que funcionarios estadounidenses obtengan los datos del móvil de un periodista de esta manera, particularmente cuando no se involucra la seguridad nacional ni información clasificada.

Katharine Viner, redactora jefe de The Guardian, condenó la acción como "un ejemplo flagrante de violación de la libertad de prensa y del periodismo de interés público".

Kirchgaessner fue la autora de dos reportajes en 2020 que revelaron aspectos sensibles de la práctica de separación de niños de sus padres indocumentados en la frontera mexicana, incluida la revelación de que el entones fiscal general adjunto Rod Rosenstein autorizó la separación de menores de cualquier edad.

Respecto a las revelaciones, Stephanie Logan, portavoz de la Oficina del Inspector General, precisó que la orden dirigida a una compañía de telecomunicaciones había sido emitida conforme a los "requisitos del manual de Justicia" para "confirmar que un número específico ya conocido a los investigadores... de hecho pertenecía a un medio de comunicación específico". La vocera aseguró que con la orden no se solicitó ni se proporcionó ninguna información en cuanto al contenido de las comunicaciones de dicha cuenta.

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