La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, anunció este lunes que el gobierno de Gabriel Boric decretó el estado de emergencia en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, con el propósito de que las Fuerzas Armadas resguarden las rutas y caminos de la Macrozona Sur, recogen medios locales.
Siches manifestó que se ha presentado recientemente "un aumento de los actos de violencia en las rutas", además de "cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito", todo lo cual "corta las cadenas de suministro" y determina que se incremente "el costo de la vida en las zonas más rezagadas" del país.
Ante esa situación, dijo, el gobierno solicitó al Ministerio Público la designación de un "fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia de la región de Biobío y La Araucanía, como el narcotráfico, el robo de madera".
También señaló que se decidió "hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de las provincias de Arauco y Biobío y la región de La Araucanía, y así posibilitar el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios".
Izkia Siches subrayó que el Poder Ejecutivo está comprometido con una agenda de reconocimiento del pueblo mapuche, lo que incluye la restitución de tierras, ya que a través del Corporación Nacional del Desarrollo Indígena (CONADI) se piensa "reactivar la compra de predios", así como duplicar "el presupuesto asignado a la compra de tierras".
Además, anunció otras medidas como la reanudación de los diálogos con el pueblo mapuche en el próximo mes de julio, con apoyo de Naciones Unidas, y la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, con el cual se buscará "fortalecer la capacidad del Estado para atender las necesidades" de los pueblos nativos.
Por último, dijo que este año habrá una inversión de alrededor de 400.000 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Macrozona Sur, monto que se piensa utilizar para construir "obras públicas, infraestructuras para el agua potable rural, mejores capacidades en materia de salud, entre otros".
El pasado mes de abril, el gobierno chileno había asegurado que descartaba aplicar un nuevo estado de excepción en la Macrozona Sur, argumentando que mientras esa medida estuvo vigente durante la administración de Sebastián Piñera, no hubo soluciones de fondo a la conflictiva situación en esa parte del país.