La ola de violencia desatada por las pandillas armadas en la ciudad de Puerto Príncipe, la capital de Haití, ha dejado 188 víctimas mortales en menos de un mes, además de otros graves delitos contra los Derechos Humanos que incluyen el uso de menores de edad en las bandas criminales.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, señaló este martes —según reseña el organismo— que se encuentra "profundamente preocupada por el grave impacto" contra los derechos fundamentales de los haitianos, una situación generada por el aumento de la violencia en la isla caribeña que involucra a "bandas fuertemente armadas".
Según los datos de la ONU, entre el 24 de abril y el 16 de mayo han sido asesinadas 92 personas "no afiliadas a pandillas" y otras 96, que serían miembros de esos grupos armados y que fallecieron en ataques armados coordinados en Puerto Príncipe. Aunque estas cifras han sido corroboradas por funcionarios de Derechos Humanos de la ONU, el organismo advierte que el número real de víctimas mortales pudiera ser "mucho mayor".
La violencia extrema en la isla, agrega la ONU, incluye asesinatos con "decapitaciones, cortes y quemas de cuerpos", así como la matanza de menores de edad que son acusados por los pandilleros como "informantes" de grupos rivales. Además, la situación ha dejado al menos 113 personas heridas, 12 reportadas como desaparecidas y 49 secuestradas.
Otra arista de la crisis en Haití —que se agravó tras el magnicidio del entonces presidente Jovenel Moïse en 2021— es la violencia sexual, que ha incluido "la violación en grupo de niños de hasta 10 años" por miembros de pandillas armadas para "aterrorizar y castigar" a las personas que viven en áreas controladas por grupos delictivos rivales.
"La violencia armada ha alcanzado niveles inimaginables e intolerables en Haití (...) Es crucial que se tomen medidas urgentes para restablecer el estado de derecho, proteger a las personas de la violencia armada y exigir responsabilidades a los patrocinadores políticos y económicos de estas pandillas", dijo Bachelet.
Deplazamientos forzados y restricciones a la movilidad
El reporte de la ONU también indica que durante las últimas tres semanas "miles de personas, incluidos niños", han sido obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en sitios temporales o familias de acogida en otras regiones del país.
"La violencia de las pandillas ha tenido un impacto severo en los derechos humanos más básicos de las personas. Docenas de escuelas, centros médicos, negocios y mercados permanecen cerrados, y muchas personas luchan por encontrar productos básicos, como alimentos, agua y medicamentos", señaló Bachelet.
Además, la gravedad de la situación incluye importantes restricciones que han comprometido "seriamente" la movilidad humana dentro de la isla, pues las pandillas ha tomado el control de las dos principales carreteras nacionales que conectan a Puerto Príncipe con el resto del país.
"Tales restricciones en el movimiento de personas y bienes también podrían tener impactos devastadores a largo plazo en la ya difícil situación económica en Haití", comentó Bachelet, quien agregó que "la fragilidad de las instituciones del Estado, en particular la policía y el Poder Judicial, ha alimentado la anarquía".
La Alta Comisionada también expresó su temor de que se intensifique la violencia, pues las operaciones policiales que están en marcha "no han logrado restablecer el orden público" ni "proteger a la población". Además, en las actuaciones de los funcionarios se han reportado "algunas violaciones de Derechos Humanos".
"Haití no debe ser olvidado"
La Alta Comisionada también dijo que pese a los "múltiples y prolongados desafíos" que presenta la isla caribeña, "Haití no debe ser olvidado y debe seguir siendo una prioridad para la comunidad internacional", de manera que instó a los gobiernos a redoblar sus esfuerzos para evitar que la situación "se descontrole aún más".
También dijo que es "necesario fortalecer las instituciones del Estado para combatir la impunidad y la corrupción" y recordó que las autoridades haitianas "tienen el deber de proteger la vida de todas las amenazas razonablemente previsibles, incluidas las amenazas que emanan de personas y entidades privadas, como las bandas criminales armadas".
Entre tanto, Bachelet comentó que para "las próximas semanas", mientras el Consejo de Seguridad debate el futuro mandato de la presencia de la ONU en Haití, "es primordial que los Derechos Humanos de los haitianos estén en el centro de la respuesta internacional, incluso en temas relacionados con la violencia sexual y de género".