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Bolsonaro admite que la privatización de Petrobras "es muy difícil" y que el proceso puede tardar cuatro años
A cuatro meses de los comicios, el Gobierno brasileño quiere bajar los impuestos a los combustibles para combatir la inflación.
A pesar de sus deseos por privatizar la compañía petrolera estatal Petrobras, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reconoció que "es muy difícil" conseguirlo y este proceso puede "demorarse unos cuatro años".
"La privatización de Petrobras es muy difícil. Hablé con el Ministro de Minas y Energía, y él tiene esta intención. Dio el puntapié inicial, pero difícilmente irá hacia adelante", comentó el mandatario en una entrevista al canal de televisión Terraviva.
El presidente nombró en mayo a Adolfo Sachsida nuevo titular de Minas y Energía, después de que Bento Costa Lima Leite de Albuquerque fuese exonerado. Nada más asumir el cargo, Sachsida declaró que estudiaría la posibilidad de privatizar Petrobras.
Por otro lado, Bolsonaro criticó los constantes aumentos de los precios del combustible que presionan la inflación y que suponen una amenaza para él, de cara a las elecciones presidenciales de octubre.
En el último sondeo sobre los comicios realizado por la prestigiosa consultora Datafolha, Lula obtuvo un 48 % de intención de voto, frente al 27 % que alcanzó Bolsonaro.
Frenar la inflación
La inflación interanual en el país subió desde el 11,30 % en marzo hasta el 12,13 % en abril. Por ello, a cuatro meses de los comicios, el ultraderechista anunció una serie de propuestas, entre las que destaca llegar a un acuerdo con los gobiernos estatales para reducir la carga fiscal sobre los combustibles e intentar frenar así la escalada inflacionaria.
"Estamos luchando por encontrar soluciones responsables a los altos precios que tanta dificultad causan a nuestro pueblo", escribió el presidente en Twitter.
Según el ministro de Economía, Paulo Guedes, si los gobiernos aceptan la propuesta, el acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre y costará al Estado "entre 25.000 millones y 50.000 millones de reales" (5.000 millones y 10.300 millones de dólares, respectivamente).
Además de un acuerdo con los estados, el plan está sujeto a un proyecto de ley que se tramita en el Congreso y de una enmienda constitucional, que requiere un amplio respaldo en la Cámara y el Senado.
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