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En qué consiste el plan de la UE para reducir el consumo de gas ante el temor a un corte de suministro ruso (y cuáles son las disputadas excepciones)

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Los ministros de Energía de los 27 Estados miembros han acordado que la disminución voluntaria sea del 15 %, aunque podría ser obligatoria si la situación se agrava.
Imagen ilustrativa

El Consejo Europeo, que ha reunido este martes a los 27 ministros de Energía de la Unión Europea (UE), ha acordado la reducción del consumo de gas durante los próximos meses con el objetivo de "prepararse para posibles interrupciones en el suministro de gas de Rusia".

El acuerdo alcanzado recoge una reducción voluntaria del consumo de los Estados miembros del 15 % entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023, llevada a cabo "con medidas de su propia elección", según el comunicado difundido por el Consejo. Sin embargo, una vez alcanzado cierto nivel de alerta, esta reducción será obligatoria. 

"¡Esto no era una misión imposible!", publicaba la presidencia checa del Consejo de la UE una vez conocido el acuerdo.

Excepciones a los países críticos con la medida

Sin embargo, se han incluido excepciones que habían sido exigidas por algunos Estados miembros que entendían que el recorte no debía ser homogéneo, sino atender a las particularidades de cada territorio.

Así, países como España, Grecia, Irlanda, Italia o Malta habían sido muy críticos con la propuesta inicial de una reducción lineal y han presionado para que se contemplaran las particularidades de algunos de ellos.

En este sentido, el texto del acuerdo incluye excepciones para los países de la UE que tienen "interconexiones limitadas" con otros Estados miembros y puedan demostrar que "su capacidad de exportación por interconexión o su infraestructura doméstica de gas natural licuado" se puede utilizar para "redirigir el consumo de gas a otros Estados miembros". 

También podrán acogerse a estas excepciones aquellos países cuyas redes de distribución eléctrica no estén sincronizadas con la europea.

En estos supuestos se encontrarían España y Portugal, que apenas tienen un 3 % de interconexión con el resto del continente, o islas como Irlanda, Malta o Chipre, cuyo ahorro no podría ser compartido con otros países.

Según la nota de prensa del Consejo, las medidas elegidas por cada miembro para reducir la demanda deben priorizar aquellas que no afecten a los clientes protegidos, como los hogares o los servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad.

Los ministros también han conseguido que la alerta para que los recortes sean obligatorios no sea potestad de la Comisión Europea, sino una decisión que deberá ser tomada por mayoría cualificada del Consejo de la UE, donde se encuentran representados todos los gobiernos del bloque comunitario.

Así, la denominada 'alerta de la Unión' se activaría mediante una decisión ejecutiva del Consejo, a propuesta de la Comisión. Por su parte, la propuesta de la Comisión se realizará "en caso de riesgo sustancial de escasez grave de gas o de demanda de gas excepcionalmente elevada, o si cinco o más Estados miembros que hayan declarado una alerta a nivel nacional solicitan a la Comisión que lo haga".

Preocupación por el suministro

Las medidas adoptadas responden no solo al encarecimiento de las energías fósiles y la necesidad de aumentar la eficiencia. Según informa el Consejo, la UE "se enfrenta a una posible crisis de seguridad del suministro con una reducción significativa de las entregas de gas desde Rusia y un grave riesgo de interrupción total".

Por ello, advierte que los Estados miembros "deben prepararse de inmediato de manera coordinada y con espíritu de solidaridad". Además, recuerda que aunque no todos los países del bloque enfrentan actualmente "un riesgo significativo", "las interrupciones graves en ciertos Estados miembros afectarán a la economía de la UE en su conjunto".

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo el lunes que era necesario prepararse para "el peor de los escenarios": "un cese total del suministro de gas más pronto que tarde".

En una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa (DPA), Von der Leyen afirmó que Moscú "no es un socio confiable para el suministro de energía a Europa" y que el bloque comunitario está intentando volverse "completamente independiente" del gas ruso antes de 2027.

La presidenta de la Comisión explicó que reducir en un 15 % el consumo de gas hasta marzo del año que viene supondría 45.000 millones de metros cúbicos de gas.

Hoy, tras conocer el acuerdo alcanzado, Von der Leyen ha mostrado su "satisfacción" y lo ha calificado como "un paso decisivo para enfrentar la amenaza de una interrupción total del gas".

Cortes de suministro

A mediados de junio la empresa pública Gazprom redujo el flujo de gas alrededor de un 40 % a través del gasoducto Nord Stream 1, la principal infraestructura de suministro de gas a Europa, por un problema con la reparación de una turbina. 

Poco después, entre el 11 y el 21 de julio, el corte del suministro fue total. Las dos tuberías que componen este gasoducto estuvieron desactivadas por operaciones anuales de mantenimiento programadas, según aseguró la empresa rusa en un comunicado. Su funcionamiento ordinario se reanudó el 21 de julio. 

Cuatro días después, este lunes 25 de julio, Gazprom anunció que detendrá el funcionamiento de otra turbina Siemens en la misma estación de compresión a partir del 27 de julio. La capacidad diaria quedará en un máximo de 33 millones de metros cúbicos, la mitad de los 67 millones actuales.

Desde el lado ruso se argumenta que las sanciones económicas impuestas por la UE y otros actores internacionales les dificultan las operaciones de mantenimiento de estas infraestructuras. Mientras, por el lado europeo se considera que detrás de los recortes no se encuentran motivos técnicos, y acusan al Gobierno de Rusia de usar el gas como "arma". 

División en el bloque comunitario

Antes de alcanzar el acuerdo de este martes, la propuesta de la Comisión Europea generó tensiones en el seno del bloque comunitario. Países como Chipre, España, Hungría, Italia o Polonia expresaron su desacuerdo con una iniciativa que consideraron injusta.

En España, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue tajante: "Defendemos los valores europeos, pero no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa", afirmó. Hoy, en rueda de prensa tras el Consejo calcula que el plan de contingencia que ultima su Gobierno trata de "lograr un ahorro de energía en torno al 7% del consumo actual de gas".

Ahora, las excepciones recogidas, que atienden sobre todo a la interconexión con otros Estados y al nivel de dependencia del gas ruso, parece que han conseguido allanar el camino a la unanimidad.

En el debate abierto sobre la propuesta de Bruselas se sostiene por parte de algunos países del sur que los únicos beneficiarios serían Alemania y algunos otros países centroeuropeos, toda vez que son quienes más dependen de las exportaciones rusas.

En este sentido se argumenta que una reducción conjunta beneficiaría la competitividad del motor europeo, puesto que si solo Alemania tuviera que reducir su consumo, solo su sector económico se vería afectado, mientras que con la propuesta inicial europea se afectaría por igual a las 27 economías.

Así, se recuerda que la solidaridad europea esgrimida durante estos meses no fue puesta en práctica después de la crisis de 2008, cuando los países del sur fueron denominados PIGS (cerdos, en español, utilizando las iniciales de Portugal, Italia, Grecia y España), y cuando muchos de los recortes impuestos a estos Estados sirvieron para rescatar al sector bancario alemán. Por lo que ahora se pide mayor equidad.

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