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El sistema judicial y penal de EE.UU. discrimina a los afroamericanos en prisión, expone un reciente informe

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La Coalición de Prisiones del Sur, un grupo de organizaciones civiles y de derechos humanos, expuso lo que ocurre en algunos lugares del sur del país.
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Por primera vez desde el año 2014, la Organización de las Naciones Unidas revisa el cumplimiento en Estados Unidos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Aprovechando este examen, un grupo de organizaciones de derechos civiles ha presentado un informe sobre las consecuencias devastadoras del encarcelamiento de la población afroamericana, especialmente en el sur del país.

De acuerdo con la Coalición de Prisiones del Sur, el sistema legal penal en el país refleja una discriminación sistémica contra los afroamericanos y crea disparidades raciales. De este modo, denuncian que dicha población tiene cinco veces más probabilidades de ser encarcelada en prisiones estatales que el resto. Por ejemplo, en lugares como Alabama o Carolina del Sur, con una población afroamericana del 27%, el porcentaje de presos pertenecientes a esta raza asciende al 52 y el 59% respectivamente. Otros estados con grandes disparidades son Florida, Arkansas, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte y Texas, resalta el estudio.

La coalición afirma que existe un encierro desproporcionado de ciudadanos afroamericanos, siendo hasta ocho veces más probable su confinamiento en solitario, y hasta 10 veces más factible que sean retenidos allí por un tiempo excesivo. Asimismo, se subraya que los sistemas penitenciarios operados por los estados del sur siguen representando el legado de la antigua esclavitud y la explotación, ya que muchos reos son obligados a trabajar en explotaciones agrícolas contiguas a las cárceles, donde, a menudo, no se les paga o los remuneran con salarios muy bajos.

El informe destaca que este sistema carcelario supone un gran perjuicio para las familias afroamericanas ya que, incluso en la escuela, se castiga y suspende desproporcionadamente a los menores que pertenecen a ellas, aun cuando no hay evidencias de que estos se porten peor que sus compañeros. 

Finalmente, el documento recoge una serie de recomendaciones para que la ONU las traslade a la Administración estadounidense, aunque Washington lleva mucho tiempo fallando a la hora de cumplir con sus obligaciones relativas a los tratados internacionales de derechos humanos sobre eliminación de la discriminación racial, principalmente en lo relativo al encarcelamiento masivo y las condiciones de privación de libertad.

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