Revelan que una agente de la Policía argentina estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura

Una investigación del periódico argentino Página/12 reveló que una agente de inteligencia de la Policía Federal (PFA) se infiltró en Madres de Plaza de Mayo, la organización que conformaron familiares de detenidos-desaparecidos durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) para reclamar su aparición con vida a las fuerzas represivas. 

Inmersa entre las madres, la espía se presentaba como 'Isabelita' —su identidad real no se ha revelado para no entorpecer la investigación judicial en curso—, y podría ser responsable del secuestro y desaparición de un grupo de personas capturadas en diciembre de 1977 en la iglesia de la Santa Cruz, ubicada en el barrio de Boedo, en Buenos Aires. 

Allí operaba con el mismo propósito represivo el entonces oficial de la Armada Alfredo Astiz, quien se hizo pasar por hermano de una persona desaparecida para obtener información sobre la actuación de los grupos de derechos humanos. 

Astiz, entonces de 26 años, estuvo involucrado en el secuestro de una decena de personas que frecuentaban la mencionada iglesia, entre ellas tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, las argentinas Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Biancolas, y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, lo que le dio al caso trascendencia internacional.

Con el fin de la dictadura y del terrorismo de Estado, el 'Ángel Rubio', como se le conocía a Astiz, fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.  

En base a documentos, testimonios y al propio expediente profesional de la agente de inteligencia, la investigación de Página/12 da cuenta de que no fue solo el tristemente célebre exoficial naval quien estuvo infiltrado en las reuniones que se desarrollaban en el referido templo de la Santa Cruz.

La Justicia de Argentina condena a entre 4 años de prisión y cadena perpetua a 19 represores en la 'megacausa de Campo de Mayo'

Asimismo, revela ese trabajo periodístico que también la Policía Federal realizó tareas de seguimiento y espionaje contra los organismos de derechos humanos que reclamaban por los delitos de lesa humanidad que estaba cometiendo el gobierno militar (1976-1983). 

De acuerdo con el artículo, entre los años 1976 y 1979 'Isabelita' se desempeñó en la División Central de Reunión, la Dirección General de Inteligencia y otros departamentos de la PFA. En julio de 1977 recibió una felicitación por su trabajo y en 1978 hizo un curso de especialización en inteligencia.

En 1982, embarazada de un oficial del llamado Batallón de Inteligencia 601, del Ejército Argentino, decidió mudarse a la ciudad de Mar del Plata, a donde su pareja fue enviada. Hubo una razón adicional: 'Isabelita' había sido denunciada en el ámbito internacional y corría riesgo de ser descubierta. Un año después cayó la dictadura y se dio el regreso de la democracia. 

"La causante presta servicio en el cuadro 'A', cumpliendo funciones de Reunión de Información (Servicio Externo), habiendo estado infiltrada en la agrupación 'Madres de Terroristas' (sic), siendo detectada. Actualmente y por su estado de embarazo cumple funciones internas", dice su legajo policial.

La agente siguió en funciones y en 1997 pasó a ser una de las responsables de la Escuela Federal de Inteligencia, posición que ocupó hasta 2003. Ese año, con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de Argentina, decidió pedir la baja. Pocos meses después fue denunciada por la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré. 

La presentación judicial se realizó en el mismo juzgado donde se tramita la megacausa ESMA, por los graves delitos ocurridos en predios de la Escuela de Mecánica de la Armada. Después de una serie de medidas, el juez Sergio Torres archivó parcialmente las actuaciones porque no pudo probar que la mujer hubiera sido parte de los operativos de diciembre de 1977. Sin embargo, entendió que de su expediente policial se desprendía que podría haber estado involucrada en crímenes de lesa humanidad, y le remitió la documentación al juez Daniel Rafecas, que investiga los crímenes perpetrados bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, y a la Procuración.