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El Templo Satánico demanda a un estado de EE.UU. por la prohibición del aborto
Los abogados de los demandantes piden al juez federal que prohíba la aplicación de la nueva ley a los miembros de la organización, que en el estado son aproximadamente 11.300 personas.
La organización Templo Satánico (TST, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda federal contra el estado de Indiana (EE.UU.) por la prohibición casi total del aborto, argumentando que viola las libertades constitucionales y religiosas del país.
La demanda se presentó la semana pasada contra el gobernador republicano Eric Holcomb y el fiscal general del estado, Todd Rokita, en nombre de varias "mujeres embarazadas involuntariamente", residentes de Indiana.
Según el documento, la ley, que entró en vigencia el 15 de septiembre, impide que los miembros del Templo Satánico ejerzan su libertad de autonomía corporal de acuerdo al principio III del TST que establece que "el cuerpo de uno es inviolable, sujeto únicamente a su propia voluntad".
Al mismo tiempo, explica que de acuerdo a las creencias religiosas de la organización un embrión o feto es parte del cuerpo de la persona embarazada "desde la concepción hasta la viabilidad", y "no está imbuido de ninguna humanidad o existencia separada y aparte de la propia mujer embarazada involuntariamente".
En este sentido, argumenta que la prohibición viola la enmienda 13 de la Constitución de EE.UU. al obligar a una mujer a llevar a término un embarazo no deseado, considerando que están siendo puestas "en una condición de servidumbre involuntaria". Además, enumera violaciones de la enmienda 14, incluida la discriminación entre las mujeres que se quedan embarazadas por accidente y las que declaran estarlo por violación o incesto, o aquellas que se quedan embarazadas por fecundación in vitro.
Los abogados de los demandantes piden al juez federal que prohíba la aplicación de la nueva ley contra los miembros del TST, que en el estado son aproximadamente 11.300 de los más de 1,5 millones de miembros en todo el mundo. El gobernador y el fiscal general tienen 21 días a partir de la recepción de la citación de la demanda para responder.
Este es el tercer caso presentado contra la aplicación de la prohibición y llega después de que la Oficina del fiscal general del estado solicitara a la Corte de Apelaciones de Indiana que bloqueara la orden judicial preliminar emitida la semana pasada por el juez especial Kelsey Hanlon, después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Planned Parenthood de Indiana y un grupo de proveedores de servicios de aborto presentaran una demanda contra la nueva ley.
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