Pese a la imposición de más sanciones occidentales contra Rusia, éstas tienen poco efecto práctico en los ingresos que Moscú sigue obteniendo de las ventas de sus recursos energéticos y en las capacidades del Gobierno ruso de seguir sustentando la economía nacional y, por lo tanto, financiando su operativo militar en Ucrania, concluye Bloomberg.
Hasta ahora, la serie de sanciones no han afectado materialmente a los combates en Ucrania, "ni han hecho mella en la determinación de [Vladímir] Putin de seguir con ellos", indica el medio, haciéndose eco de las últimas restricciones impuestas por EE.UU. a la presidenta del Banco Central ruso, Elvira Nabiúlina, y el vice primer ministro Alexánder Novak.
Rachel Ziemba, que trabaja para el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (Center for a New American Security, CNAS), comentó a Bloomberg que no cree que sancionar a Nabiúlina en sí mismo marque mucha diferencia, ya que se trata de un paso "más simbólico" que práctico.
Bill Cassidy, senador republicano por Luisiana, comentó en entrevista con Bloomberg Television que las sanciones suponen "una paradoja", ya que con el alza de los precios de los recursos energéticos, "Rusia ha aumentado sus ingresos de la venta del petróleo y gas natural".
Sanciones europeas
Este miércoles, la Comisión Europea anunció su octavo paquete de sanciones contra Rusia, que sentará las bases legales para limitar el precio del petróleo ruso. Desde el Kremlin advirtieron que Moscú enviará su crudo únicamente a los países que "operan bajo condiciones de mercado", y que los suministros que no vayan a las naciones que apoyen límites a los precios se dirigirán a "destinos alternativos".
También se habla de un posible tope al precio del gas ruso, pero esta cuestión ha dividido a los países de la Unión Europea. Según declaró a Reuters un alto diplomático del bloque comunitario, de momento "no hay nada parecido a un consenso sobre límites de los precios".
Agregó que es "difícil" predecir si se podrá alcanzar un acuerdo entre los países sobre la imposición de un tope únicamente al gas importado desde Rusia, iniciativa en contra de la cual se han pronunciado Alemania, Bélgica y otras naciones. Según el primer ministro belga, Alexander de Croo, se trata de una decisión "puramente política".