Un total de 33 militares decidieron someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional, como parte de la investigación del asesinato y presentación como 'falso positivo' del líder indígena colombiano José Edwin Legarda Vásquez, esposo de la senadora Aida Quilcué, y de un acompañante.
Según W Radio, este veredicto ocurrió luego de evaluar el proceso enviado por la Procuraduría donde se determinó que los militares habrían disparado en contra de Legarda y su acompañante cuando se trasladaban en su vehículo hacia el municipio de Totoró, en el departamento del Cauca.
Quilcué compartió la información en su cuenta de Twitter y agregó: "Gracias a la JEP por estos avances. Hoy, en los 100 días de cambio, esperamos que se haga justicia y avancemos de la mano para alcanzar la paz total".
En el fallo se asevera que la muerte de Legarda Vásquez, ocurrida en diciembre de 2008, coincide con una ejecución extrajudicial debido a que se presentó como "una operación militar en apariencia legítima".
Por su parte, la Justicia ordinaria condenó a seis de los involucrados en el caso "al encontrarlos penalmente responsables".
Los comparecientes deberán presentar, en los próximos 15 días, su plan de aporte a la verdad. De no hacerlo, podrían perder los beneficios y quedar eventualmente fuera de la JEP, surgida tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Caso de desapariciones forzadas
Este expediente, señala Semana, pasará al 'Caso 3' manejado por la JEP, relacionado con 'Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado', que son conocidos también como 'falsos positivos'.
La Jurisdicción de paz pidió tomar en cuenta el informe 'Asesinato de José Edwin Legarda Vásquez, la respuesta a la Seguridad Democrática a la Minga Indígena, doce años buscando la verdad', realizado por el resguardo indígena Pickwe Tha Fxiw y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Según este escrito, el comunero indígena fue asesinado por el Ejército "en un punto estrecho" de la vereda San Pedro del municipio de Totoró.
"En el piso quedaron 101 vainillas de cartuchos que demostraron que el objetivo era asesinar al esposo de la exconsejera mayor del Consejo regional Indígena del Cauca, Aida Quilcué, y acallar el proceso de lucha emprendido por el movimiento indígena que se manifestó en el 2008 contra las políticas de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez".
Hace dos semanas, Quilcué resultó ilesa de un atentado en su contra en una zona rural del Cauca cercana a donde fue asesinado su esposo hace 14 años.
La senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) denunció que recibió por lo menos seis disparos mientras se desplazaba en una camioneta, con sus dos escoltas, luego de participar en una reunión de autoridades en el municipio caucano de Caldono.
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