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Lo que se sabe de la reforma constitucional del presidente Guillermo Lasso en materia de seguridad

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La iniciativa contempla que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el narcotráfico.
Lo que se sabe de la reforma constitucional del presidente Guillermo Lasso en materia de seguridad

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presentó el miércoles un proyecto de reforma para modificar el artículo 158 de la Constitución, con el fin de que los militares apoyen a la Policía en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico.

"Hago un llamado a la unidad, para que actuemos a favor de la seguridad ciudadana. Dejemos la politiquería a un lado, es momento de sumarnos en la lucha contra el crimen organizado y la violencia", pidió el mandatario a través de sus redes sociales al presentar su proyecto. 

Tras recibir la propuesta, la Asamblea Nacional está obligada a constituir una comisión especializada para estudiarla, y luego emitir un informe para que sea discutido por el pleno de los parlamentarios en un primer debate. Después de esa discusión inicial, el Congreso debe elaborar un segundo reporte que integre las observaciones de los legisladores, el cual debe ser presentado y debatido por segunda vez en plenaria para proceder de seguidas a su votación.

La Legislatura puede disponer de hasta un año para tomar una decisión sobre la enmienda, que por tratarse de una reforma a la Carta Magna, requiere de la aprobación de dos terceras partes del Congreso, es decir, al menos 92 de los 137 legisladores. Sin embargo, el partido del presidente, Movimiento Creando Oportunidades, apenas cuenta con 13 escaños. 

¿Qué propone la enmienda?

El artículo 158 de la Constitución, que el presidente Lasso pretende reformar, señala que las Fuerzas Armadas tienen la misión exclusiva de defender la soberanía y la integridad territorial, en tanto que la Policía Nacional es la responsable de mantener el orden público y la seguridad interna. 

De tal manera, las Fuerzas Armadas sólo pueden apoyar a la Policía en sus tareas cotidianas cuando se decretan estados de excepción, como el que declaró el Gobierno a principios de noviembre para atender la crisis de violencia en Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y Esmeraldas. 

La enmienda propuesta, en cambio, plantea que previa solicitud de ese cuerpo policial, el Presidente de la República "podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional", aunque solo para el auxilio en el combate al crimen organizado y "de forma extraordinaria y regulada". 

La reforma mantiene intacto el párrafo que establece que los organismos de seguridad, ya sean civiles o militares, están obligadas a defender los principios democráticos y los derechos humanos, en estricto apego a la ley y sin discriminación alguna. 

¿Por qué es relevante?

En los últimos meses, la crisis de violencia se ha agudizado como resultado de un conflicto entre distintos grupos criminales dedicados al narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo, entre otros delitos. 

El número de homicidios en la nación suramericana creció de manera exponencial durante 2021, al registrarse 2.496 asesinatos. En 2022, la cifra se mantiene al alza con 3.738 muertes violentas contabilizadas desde enero hasta el 5 de noviembre, recogen medios locales. 

Durante los primeros cinco días de noviembre las autoridades registraron 47 "ataques terroristas" en Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y Esmeraldas, mientras que tan solo el pasado lunes se reportaron 31 homicidios en menos de 24 horas, la jornada con mayor número de asesinatos en todo el año, según declararon funcionarios públicos a Radio Pichincha. 

Dadas esas terribles circunstancias, el Gobierno dictó tres decretos de estado de emergencia, aumentó el número de operativos y fortaleció la seguridad en las zonas de conflicto, según informó el ministro del Interior, Juan Zapata, en su comparecencia del 9 de noviembre ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. 

Como resultado de estas medidas, en los primeros 10 meses del año fueron desarticuladas 838 bandas delictivas y se detuvo a 19.296 personas por diferentes delitos, al tiempo que se incautaron 7.452 armas de fuego. 

En el marco de esta situación, el mismo día en que presentó la iniciativa de reforma al artículo 158 constitucional, el presidente Lasso se reunió con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., en Quito, donde acordaron profundizar la cooperación entre ambos países en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo y ciberdelincuencia. 

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