Petro cuestiona el papel de la Convención Americana ante la crisis en Perú

El mandatario colombiano criticó que se haya apresado, "sin juez y sin defensa", a un presidente electo por el voto popular.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó este miércoles que ante la crisis de gobernabilidad que vive Perú y la detención "sin juez y sin defensa" de Pedro Castillo, es cuestionable el rol de la Convención Americana sobre el orden jurídico regional.

"La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico Latinoamericano", dijo Petro a través de Twitter.

La semana pasada, el presidente colombiano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir "medidas cautelares en favor del presidente Pedro Castillo" y aplicar la Convención Americana, al considerar que en Perú se vulneró "el derecho a elegir y ser elegido", así como a "tener un tribunal independiente de juzgamiento".

La crítica de Petro se suma al llamado que hizo el lunes su Gobierno junto a los de Argentina, Bolivia y México, para que la "voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas" en Perú fuera respetada y que las instituciones de ese país se abstuvieran "de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio" tras la remoción de Castillo por el Parlamento y su posterior detención.

Este miércoles el propio Castillo solicitó a la CIDH velar por sus derechos políticos y los de la población que protesta en las calles desde hace una semana tras su destitución. En las manifestaciones, que contabilizan al menos siete fallecidos y decenas de heridos, se exige la salida de Dina Boluarte de la Presidencia, el retorno de Castillo, la disolución del Congreso y una Asamblea Constituyente para reformar el Estado.

La Convención Americana es un tratado internacional, vigente desde 1978, que prevé derechos y libertades que deben respetar los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La normativa es interpretada y aplicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.