La decisión de la Justicia británica, que respaldó el plan gubernamental de deportación a Ruanda de migrantes que lleguen al Reino Unido para solicitar asilo, ha causado una verdadera revulsión en los grupos que defienden los derechos humanos.
El Tribunal Superior de Justicia británico concluyó el lunes que "es legítimo que el Gobierno haga arreglos para reubicar a los solicitantes de asilo en Ruanda y que sus solicitudes de asilo se diriman en Ruanda y no en el Reino Unido".
Con su controvertido plan, impulsado por la exministra del Interior Priti Patel, de raíces indias, Londres busca frenar el flujo de refugiados que cruzan el canal de la Mancha en lanchas y pretende disuadir a las bandas dedicadas a la trata de personas que embarcan a migrantes en viajes peligrosos.
Clare Moseley, fundadora de la organización benéfica Care4Calais, calificó la decisión de "decepcionante".
"Las personas que han sufrido los horrores de la guerra, las torturas y las violaciones de los derechos humanos no deberían enfrentarse al inmenso trauma de la deportación a un futuro en el que no podemos garantizar su seguridad", afirmó la activista citada por NPR.
Sophie Lucas, empleada de la empresa legal Duncan Lewis que defiende a un migrante sudanés indocumentado en el Reino Unido, comentó que "es profundamente angustioso tener esta perspectiva de ser expulsados a un país con el que no tienen ninguna conexión y donde sus derechos fundamentales pueden no ser respetados".
"Reviviendo las medidas bárbaras"
Human Rights Watch señaló este año en su informe sobre las violaciones de derechos humanos en Ruanda: "Las detenciones arbitrarias, el maltrato y las torturas en centros de detención oficiales y no oficiales son habituales y las normas sobre juicios justos se incumplen sistemáticamente".
James Wilson, director adjunto de Detention Action, una de las organizaciones que había presentado una demanda contra el plan, declaró que la entidad estaba considerando apelar la decisión. "Nos decepciona que el Tribunal Superior haya declarado legal el traslado de refugiados a un Estado autocrático que tortura y asesina a personas. Sin embargo, seguiremos luchando", afirmó.
Laura Tiernan, miembro del Partido de Igualdad Socialista, comenta en su artículo en WSWS que el derecho de asilo frente a la persecución política y religiosa permanece consagrado en el derecho internacional tras el Holocausto nazi, que se cobró la vida de 6 millones de judíos. Recordó que a lo largo de la década de 1930, las mayores "democracias" imperialistas "rechazaron las solicitudes de asilo a judíos perseguidos, condenándoles a muerte". En el Reino Unido, sostiene, de las 500.000-600.000 solicitudes solo 80.000 tuvieron éxito, con judíos frecuentemente rechazados como "indeseados".
"Más de 80 años después, la clase capitalista está reviviendo estas medidas tan bárbaras", señaló.
"Repetición de la política colonial
Parvati Nair, profesora en Estudios Hispánicos, Culturales y de Migración en la Universidad Reina María de Londres, comparó el plan migratorio para Ruanda con la luz verde abierta a los refugiados de Ucrania, concluyendo que "está claro que la política migratoria del Reino Unido está sesgada en términos de raza, religión y aptitudes".
En su artículo de abril pasado para The Conversation, la investigadora mencionó las declaraciones del ex primer ministro británico Boris Johnson de que el plan ruandés podría servir como prototipo para otros países y lo describió como parte del "imperialismo del XXI".
"Las investigaciones demuestran que este tipo de planes son una estrategia de empoderamiento para las naciones ya poderosas. Les permiten descargar, de vuelta en los países más pobres, a los inmigrantes no deseados, especialmente los que proceden desde fuera de Europa. Al mismo tiempo, dan a esas naciones más ricas un punto de apoyo político y económico en regiones de su interés", escribe.
Prometiendo 120 millones de libras (146 millones de dólares) para esta asociación migratoria, Londres "en una repetición de la política colonial, vuelve a encomendar a África la tarea de trabajar para los intereses del Reino Unido a cambio únicamente de beneficios económicos a corto plazo", mientras que "a largo plazo, las necesidades de África siguen sin satisfacerse", indica la profesora.