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Las polémicas medidas de "desobediencia" de Santa Cruz para restar ingresos al Gobierno boliviano
Las acciones incluyen evasión de impuestos, la no emisión de facturas, la suspensión de aportes al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y hasta recortes a la policía.
Las protestas en el departamento boliviano de Santa Cruz, que se desataron tras la detención del gobernador de la entidad, el opositor Luis Fernando Camacho, el pasado 28 de diciembre, no cesan.
El pasado miércoles, el departamento se declaró en "estado movilizado de emergencia ciudadana", informó entonces el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien señaló que mantendrán los bloqueos de todas las vías que conectan a la entidad con el resto del país.
Ahora, los cruceños decidieron adoptar medidas de "desobediencia civil" para evitar que los ingresos departamentales vayan al Gobierno boliviano, reseñó el medio Los Tiempos.
Una de las medidas acogidas sería la no emisión de facturas en los comercios, para restar ingresos al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Esta acción, por ejemplo, se toma en restaurantes, donde los comensales son advertidos de que no recibirán el documento.
Otra de las acciones es la suspensión de aportes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), que le competen como casa de estudios superiores, al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
Esa universidad también resolvió establecer un descuento obligatorio del 1 % del sueldo a su personal docente y administrativo, con el objetivo de usar esos recursos para financiar varias comisiones que conformaron para 'atender' el conflicto.
Otra medida que podrían adoptar los cruceños sería el recorte de recursos económicos y bienes a la Policía, un órgano al que acusan de "excesos" durante su actuar ante las manifestaciones.
Más de una semana de protestas
Las manifestaciones en Santa Cruz, que se han tornado violentas, arrancaron tras la detención de Camacho, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro, en La Paz, donde cumple prisión preventiva por el caso Golpe de Estado I, perpetrado contra Evo Morales en 2019.
El Ministerio de Gobierno de Bolivia informó el jueves que la ola de violencia en Santa Cruz ha dejado destrozos en 27 bienes inmuebles, entre públicos y privados, la quema de 44 vehículos y 26 efectivos policiales heridos.
Por estos hechos, detalla la institución, han sido detenidas 76 personas en flagrancia. "Existen varios videos que circulan en redes sociales y en medios de comunicación donde se puede ver que son estos sectores radicales los que atacan a la Policía Boliviana, y las fuerzas del orden responden usando gases lacrimógenos para dispersar", dijo el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
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