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Fiscalía boliviana incluye a Áñez en el caso Senkata por genocidio, homicidio y lesiones graves
El Ministerio Público notificó la ampliación del proceso penal por los hechos violentos de 2019 en el sector de la ciudad de El Alto.
La Fiscalía de la ciudad boliviana de El Alto ha ampliado este martes el proceso penal contra Jeanine Áñez, incluyéndola en el caso Senkata por la presunta comisión de los delitos de "genocidio, homicidio y lesiones graves y leves" durante los acontecimientos de 2019.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima Magne, ha anunciado la decisión a través de su cuenta de Twitter. "El Ministerio Público ha informado al Juez Cautelar Primero de la ciudad de El Alto la ampliación del proceso penal por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves contra Jeanine Áñez Chávez quien será juzgada por la Masacre de Senkata", escribió.
Memoria, Verdad y Justicia. El Ministerio Público ha informado al Juez Cautelar Primero de la ciudad de El Alto la ampliación del proceso penal por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves contra Jeanine Añez Chavez quien será juzgada por la Masacre de Senkata. pic.twitter.com/YeSpQdBb4G
— Ivan Lima Magne 🇧🇴 (@ivanlimamagne) January 17, 2023
Durante los hechos violentos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en este sector de El Alto, un grupo de manifestantes bloqueó la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En respuesta, la Policía y el Ejército dispararon gases lacrimógenos y accionaron sus armas de fuego contra los inconformes.
En el comunicado, la Fiscalía de El Alto señaló que en aquel entonces "se generaron represiones por parte de las fuerzas conjuntas policiales-militares hacia la población civil", que dejaron 31 heridos con lesiones "compatibles por proyectil de arma de fuego y lesiones por elemento contuso perforante" y 10 fallecidos "a causa del impacto por proyectil de arma de fuego".
"Infiriéndose que la denunciada logró obtener el poder y tomar el control de una estructura organizada como es el Estado Boliviano, para posteriormente en absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales sobre derechos humanos, emitir el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo No. 4078 de 14 de noviembre de 2019, justificando ello en una presunta inestabilidad pública y eximiendo de responsabilidad penal a personal militar, a sabiendas de cuál sería el resultado de la intervención conjunta de las fuerzas armadas y policía nacional, que en definitiva desembocó en la muerte y lesiones de conciudadanos bolivianos", concluyó el organismo.
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