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Lo que se sabe de la iniciativa en México que busca resguardar el espacio aéreo con ayuda del Ejército

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El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones. Ahora corresponde al Senado avalarlo para que entre en vigor.
Lo que se sabe de la iniciativa en México que busca resguardar el espacio aéreo con ayuda del Ejército

La Cámara de Diputados de México aprobó un decreto que crea la Ley de Protección del Espacio Aéreo con miras a garantizar la seguridad y soberanía nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas. 

La iniciativa fue aprobada el miércoles con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones por el pleno de la Cámara baja. Corresponde ahora al Senado discutir y votar el decreto para que la ley pueda entrar en vigor.

El proyecto fue enviado al Congreso en abril pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de cerrar el vacío legal existente en torno al resguardo del espacio aéreo mexicano como parte del territorio nacional.

¿Por qué se propone una nueva ley aérea?

A consideración de la iniciativa, el Estado enfrenta "amenazas emergentes" de naturaleza transnacional y de carácter privado, como la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, que requieren de una respuesta jurídica. 

En este sentido, el proyecto señala que las tripulaciones irregulares utilizan permisos y licencias apócrifas, que suplantan identidades y realizan operaciones no autorizadas, tanto en aeropuertos como en el aire, lo que dificulta el rastreo y vigilancia por parte de las autoridades.

De igual forma, se apunta que los actores irregulares incumplen con los protocolos de navegación, hacen uso de aeronaves sin mantenimiento, y cargan mercancía ilegal, entre otros, lo que pone en riesgo la seguridad del país y de otras naciones, así como a la aviación civil, en general.  

En México existen tres regulaciones vigentes que permiten al Gobierno articular la estrategia para garantizar la seguridad y la defensa del territorio: la Ley de Aeronáutica Civil, la Ley de Aeropuertos y la Ley de Seguridad Nacional.

El marco jurídico, sin embargo, resulta insuficiente, ya que dificulta la aplicación de sanciones a tripulantes y propietarios de aeronaves que realizan operaciones irregulares, además de que limita la coordinación entre los distintos aparatos del Estado para combatir a las nuevas amenazas, según señala la iniciativa. 

¿Qué establece el proyecto?

La iniciativa plantea que sea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Fuerza Aérea, quien se encargue de proteger y disuadir las amenazas que vulneran la seguridad en el espacio aéreo. 

A propósito, se estipula que la Sedena tendrá libertad para dictar las disposiciones técnicas o administrativas que estime necesarias para el cumplimiento de la ley, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por otro lado, se amplían las funciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para que junto con el Ejército, sea la principal responsable de garantizar la seguridad aérea.

En este sentido, el decreto establece como principal función de la Sedena la identificación de aeronaves que circulen fuera de las normas del espacio aéreo, mientras que la principal tarea de la SICT será la de observar que las aeronaves civiles circulen bajo las reglas del tránsito aéreo. 

La regulación introduce el procedimiento de intercepción con el propósito de identificar, auxiliar y monitorear el comportamiento de las aeronaves y de girar instrucciones a su tripulación para que retome una ruta o aterrice en un aeropuerto determinado.

Para garantizar la operatividad de la ley, el proyecto propone la creación de un Sistema de Protección y Vigilancia del espacio aéreo mexicano para coordinar el actuar de la Sedena, la SICT y la Marina, así como de las carteras de Seguridad, Hacienda y Gobernación.

Asimismo, se crea el Consejo Nacional de Vigilancia del espacio aéreo, que será el encargado de integrar y coordinar las acciones en la materia y de emitir las políticas para el intercambio de información entre las distintas dependencias. 

Finalmente se plantea la creación de un Centro Nacional de Vigilancia y Protección del espacio aéreo que será financiado con recursos de la Sedena y de las Fuerzas Aéreas.

La función del organismo será la de vigilar el tránsito sospechoso e irregular y la de proteger la soberanía nacional, al frenar el uso ilegal del espacio aéreo y tomar medidas contra quienes violen la ley. Además, el Centro también será el encargado de emitir alertas aéreas, así como de interceptar a los aviones sospechosos.  

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