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Diputados de Argentina aprueban admisibilidad del juicio político a la Corte Suprema
La iniciativa del oficialismo habilita la apertura de un sumario contra los miembros del máximo tribunal, aunque deberá ser debatida en sesión plenaria.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves la admisibilidad de un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, cuestionada por fallos polémicos que benefician a la oposición y perjudican al oficialismo, según denuncia la alianza gobernante del Frente de Todos (FdT).
De esta manera, se habilita la apertura de un sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La iniciativa fue aprobada con 16 votos sobre un total de 31, y dentro de una semana comenzará la etapa de estructuración de la prueba, que incluirá la citación a testigos y a los propios acusados.
En la comisión de juicio político de @DiputadosAR, aprobamos la admisibilidad de la apertura de la investigación a los jueces de la Corte Suprema. Necesitamos un poder judicial independiente, que actúe de forma justa, honrosa y ejemplar. Vamos a seguir trabajando para lograrlo. pic.twitter.com/kDDpkaIank
— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) February 9, 2023
"Necesitamos un poder judicial independiente, que actúe de forma justa, honrosa y ejemplar. Vamos a seguir trabajando para lograrlo", dijo al cierre del debate el diputado Leonardo Grosso (FdT).
Durante la audiencia, el bloque de Juntos por el Cambio (macrismo) presentó una resolución propia de 'rechazo in limine' (de entrada) a la declaración de admisibilidad de los pedidos de juicio político a la Corte, aunque allí mencionaron únicamente 12 de los 14 expedientes.
Sucede que la Coalición Cívica, integrante de ese espacio, fue la que impulsó los dos expedientes restantes, en 2017, contra Ricardo Lorenzetti, en ese entonces presidente del máximo tribunal, por el manejo discrecional de recursos extrapresupuestarios y concentración de poder.
El proyecto de juicio político fue anunciado el pasado 1 de enero por el presidente Alberto Fernández, en el marco del intenso enfrentamiento que mantienen los poderes Ejecutivo y Judicial.
El texto promueve la destitución del actual titular de la Corte, Horacio Rossati, y del resto de sus miembros, por mal desempeño y degradación de la Justicia.
Tras la aprobación en la Comisión de Juicio Político, el libelo acusatorio deberá ser debatido y votado en sesión plenaria, en donde se requieren por lo menos 171 votos de los 257 que componen la Cámara de Diputados para que avance.
El oficialismo solo tiene 118 votos asegurados, por lo que será difícil alcanzar el objetivo planteado por el Gobierno de Fernández. Sin embargo, a lo que aspira el Frente de Todos es a que las audiencias permitan que se discutan públicamente las anomalías con las que funciona la Corte Suprema, en particular su presunta parcialidad.
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