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Un alcalde de Puno se arrodilla y pide disculpas por reunirse con el premier de Boluarte en Perú

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Esa región ha sido una de las más golpeadas por la represión de la fuerza pública, que dejó una masacre en la ciudad de Juliaca en enero pasado.
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El alcalde del distrito de San Antón de la provincia de Puno, Marco Antonio Mamani Luna, pidió disculpas de rodillas y descalzo a su comunidad por haberse reunido en Lima, la capital del país, con el jefe del Gabinete del gobierno de Dina Boluarte, Alberto Otárola, sin haberlo informado previamente.

Según informa el medio local Canal N, tanto el viaje del alcalde a Lima y su reunión con Otárola la semana pasada fueron rechazados por las rondas campesinas, que cuestionaron el encuentro por tratarse de uno de los funcionarios de Boluarte que más ha defendido la represión policial contra los manifestantes en Perú, y que ha dejado hasta ahora unos 60 fallecidos.

"Si es que tengo que dar la vida por mi pueblo, voy a darla, porque ustedes me han elegido. En ese sentido, lo que he hecho, dentro de mis convicciones, si es que eso está mal o es un delito, pido perdón una vez más y las disculpas del caso", expresó el alcalde mientras estaba de rodillas.

El funcionario explicó que el motivo de esa reunión fue para darle seguimientos a proyectos de inversión pública en la región y no para tratar algún otro tema con el cuestionado jefe del Gabinete, quien en los primeros días del gobierno de Boluarte estuvo al frente del ministerio de Defensa, por lo que es señalado como uno de los principales responsables de las primeras muertes de manifestantes en las protestas populares.

Según la televisora peruana, la población le habría solicitado a Mamani Luna que, en castigo, se separe del cargo y permanezca sin remuneración salarial durante tres meses, además de someterse a disciplina en presencia de la población del distrito de San Antón.

La masacre de Puno

La provincia de Puno, al sur del país, es una de las que se ha manifestado con mayor fuerza en contra del régimen de Boluarte desde que fue destituido y encarcelado el presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, y ella fuese designada como mandataria por el parlamento.

Desde entonces, la gente de Puno se han mantenido en las calles exigiendo el cierre del Congreso que vacó al mandatario, la salida de la presidenta designada, elecciones generales y una Asamblea Constituyente para reformar al Estado y la Constitución.

La represión de la policía y el Ejército durante el gobierno de Boluarte contra la población de Puno ha sido una de las más violentas registradas en el país, al dejar cerca de 20 víctimas fatales en medio de las masivas protestas.

Solo en un día de manifestaciones, el pasado 9 de enero, la represión armada de la fuerza pública dejó un saldo de al menos 17 fallecidos en la localidad puneña de Juliaca, crímenes que han sido denunciados como una masacre.

Sobre estos hechos, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público detalló que en por lo menos nueve de las víctimas se encontraron proyectiles de alto calibre de arma de fuego, con disparos en zonas mortales como cabeza, estómago y tórax.

Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía de Perú inició una investigación preliminar contra Boluarte, Otárola y el jefe del gabinete anterior Pedro Ángulo; el entonces ministro del Interior Víctor Rojas y su antecesor César Cervantes; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por "presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves", cometidos durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

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