Suspenden juicio contra opositor boliviano Rómulo Calvo, acusado de racismo y ultraje a la wiphala

La audiencia para iniciar el juicio contra el opositor boliviano Rómulo Calvo, presidente de la organización de la organización ultraconservadora Comité Cívico pro Santa Cruz, fue suspendida este miércoles a petición de la parte acusadora.

El juicio estaba previsto para este miércoles a las 9:00 de la mañana, pero fue aplazado por solicitud de los abogados denunciantes al alegar problemas de salud, según explicó el propio Calvo, citado por ABI, al salir del Palacio de Justicia de la provincia de Santa Cruz, el departamento más poblado del país.

Calvo consideró que el caso en su contra no tiene "solvencia" y que a su parecer la justicia sería "servil" a los intereses de la Fiscalía. Por su parte, Martín Camacho, abogado de Calvo, detalló a medios locales que el juez encargado del caso ordenó que la audiencia sea retomada el próximo 8 de marzo.

Calvo, identificado como "cívico" de Santa Cruz, región ubicada en los llanos orientales de Bolivia, fronteriza con Brasil y considerada como bastión de la oposición boliviana, fue imputado por la Fiscalía en abril de 2022 por la presunta comisión de los delitos de incitación al racismo y ultraje a los símbolos patrios.

El conservador cruceño y miembros de la organización que conduce, protagonizaron una serie de incidentes en Santa Cruz durante el año 2021 que fueron calificados como denigrantes y discriminatorios contra la bandera wiphala, estandarte considerado como sagrado y ancestral para las comunidades indígenas.

Ofensas contra la whipala

El primero de ellos ocurrió en abril de 2021, cuando las autoridades locales de Santa Cruz le negaron la palabra al vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, en un acto público. Ese mismo día, miembros de "Pro Santa Cruz" bajaron de un mástil la whipala que momentos antes había izado el vicepresidente boliviano.

Luego, en octubre de 2021, Calvó volvió a arremeter contra la bandera, al decir que era "un trapo" que no representaba a los cruceños. "Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa", dijo el opositor para rechazar una actividad pública llamada "wiphalazo", que organizaron comunidades originarias para promover la reivindicación de ese símbolo.

La wiphala, detalla ABI, es una bandera cuadrangular de siete colores que representa el sistema comunitario basado en la equidad, la igualdad, la armonía, la solidaridad y la reciprocidad. Además, es un emblema de la resistencia de los pueblos indígenas de Bolivia y de gran parte del continente americano.

El Comité Cívico pro Santa Cruz

El Comité Cívico pro Santa Cruz es una organización privada con fines políticos, de corte ultraconservador y de extrema derecha, que ha estado vinculada a planes sediciosos en los distintos periodos de gobierno de Evo Morales y actualmente contra la administración de Luis Arce.

Los integrantes de esta organización fueron uno de los principales impulsores en 2008 de la idea de separar la provincia de Santa Cruz de Bolivia y declarar su autonomía, una de las crisis políticas más importantes que enfrentó el expresidente Morales, que incluía acciones de violencia callejera y actos de desobediencia civil.

En 2019, el Comité pro Santa Cruz, encabezado por Luis Fernando Camacho –quien luego se convirtió en gobernador de esa provincia– promovió acciones violentas de calle y el desconocimiento de los resultados electorales que dieron una nueva victoria en la presidencia a Morales.

¿Quién es Luis Fernando Camacho, el ultraderechista acusado de sedición y conspiración en Bolivia?

La crisis política que, en buena parte, impulsó el Comité pro Santa Cruz para deslegitimar la victoria de Morales consiguió concretar el golpe de Estado contra el entonces presidente en 2019, e imponer el régimen de facto que lideró Jeanine Áñez.

En la actualidad, tanto Áñez como Camacho se encuentran privados de libertad en Bolivia. La exmandataria de facto fue condenada a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, en el marco del golpe de Estado contra Morales.

Por su parte, Camacho está preso por una sentencia de cuatro meses de detención preventiva que le impuso la justicia a finales de diciembre, acusado por los presuntos de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por el golpe de Estado. Además, es investigado por un supuesto caso de agresión sexual cuando era menor de edad y que habría sido perpetrado en 1987 contra una niña de cinco años.

"72 horas"

Este miércoles, Calvo amenazó al presidente de Bolivia, Luis Arce, con iniciar un proceso de revocatoria de su mandato, si no aprueba en tres días un decreto de amnistía para quienes consideran "presos políticos" de los hechos de 2019.

"Estamos a 72 horas de cumplir el plazo que el pueblo boliviano le dio usted y a su Gobierno para pacificar el país y construir una real y verdadera paz social, para poder concentrarnos todos los bolivianos en fortalecer la maltrecha economía y las deficientes políticas macroeconómicas que su Gobierno viene ejecutando", dijo Calvo en conferencia de prensa.

El plazo del 25 de febrero para emitir la amnistía fue aprobado en un cabildo nacional que hizo la oposición el pasado 25 de enero.

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