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Petro pide cuentas a la Fiscalía por "saqueo" de fondos de víctimas del conflicto en Colombia
El mandatario afirmó que se han malversado los recursos para la paz en distintos organismos públicos.
Las diferencias entre el mandatario colombiano Gustavo Petro y la Fiscalía volvieron a quedar en evidencia durante un acto presidencial de indemnización de víctimas del paramilitarismo en el distrito de Barrancabermeja, en el departamento de Santander.
Petro participó en un evento en el que 9.000 víctimas de la violencia paramilitar fueron indemnizadas con 23.000 millones de pesos (unos 4,7 millones dólares), a través de siete sentencias de la Ley de Justicia y Paz.
Los recursos entregados pertenecían a los grupos paramilitares Libertadores del Sur, Central Bolívar y Mineros, que operaban en esa zona del país.
Con este acto en Barrancabermeja, terminamos de indemnizar a casi 9.000 víctimas de la violencia paramilitar con 23.000 millones de pesos provenientes de sus bienes entregados a través de la ley de Justicia y Paz. Iniciaremos la fase de terminación de la ley 975. pic.twitter.com/X6Rcc45xzF
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2023
Las indemnizaciones corresponden a una suma de cinco billones de pesos (1.000 millones de dólares) producto de 48 sentencias. Hasta el momento, afirmó el mandatario, solo se ha entregado el 10 % de ese monto, en un plazo de diez años.
"Es hora de que nos reunamos y pensemos cómo es que de verdad se va a saldar la deuda con las víctimas en Colombia, por encima de cualquier otro concepto o criterio", expresó Petro.
Las palabras a la Fiscalía
El mandatario se refirió a supuestos actos irregulares con los recursos destinados para reparar a los afectados y dijo que la estatal Unidad para las Víctimas se convirtió "en un festín de la corrupción".
"Saquearon los bienes que entregaron los paramilitares, los que el Estado pudo extinguir de los narcotraficantes. Se robaron los recursos públicos, la indemnización de las víctimas, construyeron mafias, algunas ligadas incluso al viejo paramilitarismo, para recuperar lo que habían entregado", denunció.
El presidente también afirmó que "sacaron fusiles y pistolas para amenazar de nuevo a las víctimas para que no tuvieran la indemnización en términos de bienes".
"Una historia que se va a narrar"
"Hay una historia que se va a narrar, y espero que este fiscal general de la nación sea capaz de investigarla", dijo el mandatario como preludio.
Petro se refirió a la deuda que tiene el Ministerio Público con investigaciones relacionadas con "los bienes de los narcotraficantes" en la estatal Sociedad de Activos Especiales, "igual que lo que pasó con la mafia de la Unidad Nacional de Protección (UNP), del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la Fiscalía misma".
Esta semana se conoció un nuevo caso de irregularidades en la UNP, que brindaba protección a Luis Fernando Sánchez Aguas, integrante del Clan del Golfo conocido como alias el 'Ratón'.
El director de ese organismo estatal, Augusto Rodríguez, denunció a principios de marzo que había sufrido un atentado frustrado. Petro atribuyó esa acción a las denuncias que ha hecho sobre "las mafias de la contratación"en esa institución.
Durante su discurso en Barrancabermeja, el presidente dijo que la Fiscalía posee "testigos importantes" que deberían ser investigados por su vinculación con el "saqueo" ocurrido en las entidades públicas relacionadas con la reparación y protección de las víctimas.
"En vez de acallarlos, deberían pedirles la verdad, como es la función de una Fiscalía", agregó.
Diferencias con la Fiscalía
El mandatario colombiano ha tenido varias diferencias de este tipo con el fiscal Francisco Barbosa en los últimos meses. A principios de marzo dijo que el Ministerio Público tenía en su poder al testigo del tráfico de cocaína en una camioneta de la UNP. Barbosa negó el señalamiento y manifestó que esa persona se encontraba bajo custodia del INPEC.
Por su parte, el fiscal se ha mostrado reacio a aceptar el proyecto de ley que establece los fundamentos para el sometimiento a la Justicia de los grupos criminales organizados, porque considera que con esa norma el Gobierno pretende sacar a los criminales de las cárceles e interferir con la separación de poderes, con la administración de Justicia y con la Constitución.
El Ejecutivo ha negado que esa propuesta de ley tenga ese alcance, pues no otorgará beneficios a los integrantes de organizaciones criminales, sino que apunta a la reparación de las víctimas.
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