Chile anuncia prisión preventiva para detenidos que no tengan documentación: ¿de qué se trata?

Menos de una semana después del homicidio del carabinero Daniel Palma Yáñez y de la aprobación de la ley Nain-Retamal, conocida como "gatillo fácil", la polémica vuelve a abrirse tras una nueva disposición de las autoridades sobre la solicitud de prisión preventiva contra personas detenidas cuya identidad no pueda comprobarse.

En su cuenta de Twitter, la Fiscalía chilena informó que desde el pasado lunes se extendió a todo el país "el criterio de actuación relativo a solicitar prisión preventiva en caso de personas detenidas cuya identidad no pueda ser corroborada".

Previamente, se habían reunido el fiscal nacional, Ángel Valencia, con los regionales metropolitanos Javier Armendáriz, de la zona centro norte; José Luis Pérez, de occidente; Héctor Barros, de la sur; y Lorena Parra, de oriente, recoge La Tercera.

Además de la muerte de Palma Yáñez, ocurrieron otros dos homicidios de agentes policiales en menos de un mes, lo que hizo que el Gobierno de Gabriel Boric anunciara la intervención por parte de los cuerpos de seguridad en los 30 municipios de la zona metropolitana con mayores cifras de criminalidad.

La decisión ha generado controversia entre algunos fiscales regionales que advirtieron que la celeridad de los procesos de identificación en la capital chilena no aplican para el interior del país. Por ejemplo, la titular de Valparaíso, Claudia Perivancich, afirmó que el Registro Civil demora hasta un mes para responder los requerimientos, por lo que sería difícil cumplir con la medida debido a que los tribunales desestimarían mantener a alguien privado de libertad a la espera del material para ser identificado, recoge La Tercera.

¿Cuál es el alcance de la medida?

En una entrevista en Tele13, el fiscal Valencia explicó con detalle a quiénes les será impuesta esta medida.

Aunque los medios han apuntado a los migrantes en condición irregular como los principales afectados, Valencia manifestó que puede recaer sobre personas naturales de ese país o extranjeros.

"No estamos penalizando la migración irregular. Estamos hablando de personas que se encuentren detenidas por un crimen o simple delito, y que nos están ocultando su identidad", expresó.

Agregó que la prisión preventiva es contra las personas que presuntamente han cometido delitos o crímenes y que no entregan su cédula de identidad chilena o de extranjería para ser identificadas.

El funcionario ejemplificó sus afirmaciones con unas cifras de la Fiscalía Centro Norte, que compone varias comunas de la región metropolitana, entre ellas Santiago. Según los datos que maneja, entre 35 % y 40 % de los detenidos diarios son extranjeros. "Es decir, todavía la mayoría son chilenos", dice.

De ese porcentaje de personas de otras nacionalidades, un tercio no se encuentran "enroladas" en el sistema chileno, es decir, no tienen un Rol Único Tributario (RUT) provisorio, "no han pasado por el Registro Civil, no tienen un nombre registrado, no han puesto sus huellas en la base de datos oficial", por lo que no se tiene "información confiable y fidedigna" sobre ellos, manifestó Valencia.

¿Cómo se llega a la detención preventiva?

Valencia explicó que los fiscales tienen la responsabilidad de esclarecer los delitos y de identificar a los sospechosos. "Para eso tienen que agotar todos los medios, previo a presentarlos ante los tribunales", dijo. 

En el caso de que el detenido no tenga su registro civil disponible, una vez presentada la orden de un tribunal y llevado ante un juez de garantías, los fiscales deberían pedirle la ampliación de la detención, "como es lo que ocurre hoy en día".

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Sin embargo, si en ese periodo no es posible identificarlo, "van a formalizar la investigación y solicitar la prisión preventiva por peligro de fuga", aseveró.

"Son personas que no sabemos cómo se llaman, no sabemos si tienen ordenes pendientes, dónde viven, cómo llegaron, de qué viven y, por lo tanto, debemos asegurar su comparecencia", dijo el titular de la Fiscalía nacional.

La víspera, Valencia se había reunido con los presidentes de la comisión de Seguridad y de Constitución, Jorge Alessandri y Raúl Leiva, respectivamente, que manifestaron ante los medios que harían todo lo posible para "agilizar" la decisión en el ámbito legislativo que permita mejorar la persecución criminal.

En marzo pasado, Boric cargó contra los Gobiernos de Bolivia y Venezuela por supuestamente dificultar los procesos para la devolución de migrantes a los que el Estado chileno busca deportar a sus países de origen.

En esa oportunidad, el presidente chileno prometió "fortalecer las capacidades del Estado en materia de control fronterizo y migratorio, para que Chile esté a la altura de los desafíos (…) y tenga una migración regular, segura y ordenada".

Hace poco más de un año, en Chile se llevó a cabo la expulsión administrativa de migrantes más masiva realizada en el país en un solo día. En esa oportunidad, fueron deportadas 138 personas.

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) le pidió al país suramericano detener los planes de expulsión colectiva porque consideraba que los migrantes tienen derecho a una evaluación individual y a permanecer en el país mientras su situación es evaluada, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

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