Un tatuaje en el pecho habría sido la razón por la que supuestamente encarcelaron en una prisión en El Salvador a un joven colombiano que emigró a ese país en enero pasado.
La situación se dio a conocer por la denuncia la familia de José Antonio Potes Cáez, de 27 años, originario del municipio colombiano de Ríofrio (Valle del Cauca). Los allegados aseguran que perdieron contacto con el joven desde enero pasado.
Los datos de Potes Cáez ya fueron enviados a la Cancillería colombiana para que se verifique su estatus, según contó a Noticias Uno su pareja, Claudia Marcela García.
La madre, Eliana Potes Cáez, relató a esa televisora que su hijo habría sido detenido apenas arribó al país centroamericano. Según un testigo, supuestamente fue internado en una cárcel de máxima seguridad, sin otra prueba que un tatuaje en el pecho con el nombre de su abuela y su fecha de nacimiento y deceso.
José Antonio era admirador de las políticas de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, comentó su pareja, con la que tiene un niño de cuatro años.
"Él me mostraba videos, me decía: 'mirá todo lo que está haciendo el presidente [Bukele]'", refirió García en el video de la entrevista.
Según sostiene su familia, el joven habría sido capturado por supuestamente pertenecer a la pandilla Mara 18 de Colombia, a pesar de no tener antecedentes judiciales en su país de origen.
Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento ni del presidente salvadoreño ni de la Cancillería.
¿Por qué un tatuaje?
En El Salvador se impuso desde hace un año un régimen de excepción que le otorga poderes extraordinarios al mandatario para suspender algunos derechos constitucionales, como libre asociación, presunción de inocencia, información sobre las causas de la detención, garantía de defensa e inviolabilidad de la correspondencia.
En ese contexto, portar un tatuaje puede ser considerado como prueba suficiente para ser detenido. Tradicionalmente los pandilleros han impreso en su cara y resto del cuerpo distintos símbolos y siglas que los caracterizan ante la sociedad como integrantes de esas organizaciones criminales y delictivas.
El propio mandatario ha publicado en sus redes comentarios sobre supuestos integrantes de la 'Mara Barrio 18', organización criminal transnacional, que habrían cubierto sus tatuajes con maquillaje para evitar ser reconocidos por las autoridades.
Del mismo modo, ha mostrado imágenes de personas que se habrían hecho quemaduras en la piel para borrar las marcas de tinta que los identifican con las siglas de la mara a la que supuestamente pertenecerían.
La tensión entre Bukele y Petro
Desde principios de marzo, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de El Salvador han tenido varios desencuentros en las redes por la defensa de sus políticas de seguridad, diametralmente opuestas.
El más reciente choque ocurrió a finales de ese mes, cuando el mandatario centroamericano anunció la incautación de una nave con droga en la que viajaban tres colombianos, mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, donde etiquetó la cuenta de su homólogo suramericano.
En otro trino de marzo, Petro cuestionó la política carcelaria y de detenciones masivas en El Salvador y calificó de "campo de concentración" el recién inaugurado Centro de Confinamiento del Terrorismo, ubicado en el municipio salvadoreño de Tecoluca, departamento de San Vicente, donde han sido trasladados unos 2.000 presuntos pandilleros.
Unos días más tarde los mandatarios protagonizaron un nuevo encontronazo en las plataformas sociales, luego de que se informara que la Fiscalía de Nueva York asegurara que dos funcionarios de Bukele se habrían reunido con miembros de esa organización criminal para acordar que disminuyera el número de homicidios, a cambio de beneficios para los privados de libertad.
Bukele ha apostado desde 2019 por un controvertido de Plan Control Territorial, que busca desarticular a las pandillas y reducir la tasa de homicidios, para lo que decretó estado de excepción que ha sido duramente criticado por organizaciones y defensores de los derechos humanos.
Petro, por su parte, trabaja en reformas en el sistema penal y judicial, con la finalidad de desarticular bandas delictivas, incluir beneficios para los presos y reparaciones para las víctimas. Además, el mandatario ha dicho que no construirá una cárcel más, porque su política apunta a la humanización y descongestión de los centros penitenciarios.