Escuadrones civiles y más criminalización: los polémicos proyectos de ley antimigrantes en EE.UU.

Los estados de Texas y Florida, en EE.UU., debaten proyectos de ley presentados por políticos republicanos que endurecen las políticas migratorias, profundizan la criminalización de las personas indocumentadas y, de acuerdo con diversas organizaciones, son violatorias de los derechos humanos.

En Texas, que comparte frontera con los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la legislatura estatal analiza una iniciativa presentada por el congresista republicano Matt Schaefer que ha provocado un escándalo porque legitima a los "cazamigrantes".

Se trata de grupos de civiles armados que operan desde hace años en la frontera de manera anómala para perseguir a las personas indocumentadas, o que creen que lo son simplemente por su aspecto físico. Además de detenerlas y entregarlas a las autoridades para que las deporten, también han llegado a dispararles.

El proyecto de Schaefer crea la "Unidad de Protección Fronteriza", que estaría conformada por "ciudadanos voluntarios" y sería una nueva fuerza supeditada al Departamento de Seguridad Pública de Texas con el fin de participar en operaciones de vigilancia en la frontera.

Los legisladores demócratas, que ya anticiparon su voto en contra, han advertido que este nuevo grupo de seguridad en realidad es un "escuadrón de la muerte", una fuerza paralela de represión ilegal contra los migrantes.

La semana pasada, en la primera audiencia para debatir el proyecto, cientos de personas se acercaron a la legislatura estatal para testificar en contra no solo de esta medida, sino de la política migratoria en general que aplica el gobernador Greg Abbott.

Una de las voces más destacadas fue la de Asher Vargas, un niño estadounidense de nueve años que es voluntario en un refugio para migrantes.

"Encuentro alegría en ayudar a los migrantes (…) vienen en busca de paz y una vida mejor, al igual que mi abuelita. Este proyecto de ley hará que sea más difícil para ellos. ¿Queremos ser conocidos como un estado odioso y poco acogedor? Sé que no", dijo.

La ley

La iniciativa establece que la migración en la frontera con México constituye una "amenaza a la seguridad" y el bienestar de Texas, ya que supuestamente "incrementa la actividad criminal y amenaza la seguridad pública" y facilita el ingreso de los cárteles.

Uno de los argumentos más repetidos por Schaefer es que los migrantes que forman parte del crimen organizado atraviesan la frontera para "invadir" EE.UU. con fentanilo, una de las sustancias que ha provocado la más reciente epidemia de consumo de drogas en ese país.

Sin embargo, cifras oficiales demuestran que el 80 % de las personas detenidas en EE.UU. por tráfico de fentanilo son estadounidenses, un dato que también ha brindado de manera recurrente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Según el proyecto, la "Unidad de Protección Fronteriza" tendrá un jefe nombrado por el gobernador y sus miembros, que gozarán de inmunidad civil y penal, podrán "disuadir y repeler" a personas que intenten ingresar a Texas ilegalmente, y las detendrán y devolverán a México, si es necesario, con el uso de la fuerza.

Bob Libal, consultor de la organización Human Rights Watch en Texas, advirtió que estas medidas son extremas.

"Dar poder policial de Texas a los vigilantes es peligroso", afirmó el activista al recordar que, en los últimos dos años, los políticos estatales han sobrepasado sus facultades en materia de migración, ya que son  federal.

Florida

Por otra parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó en el Senado estatal un proyecto que considera que todo tipo de ayuda a un migrante indocumentado es un crimen.

La iniciativa promueve la delación, ya que establece que el personal de los hospitales deberá recolectar información sobre el estatus migratorio de los pacientes y entregarla trimestralmente a las autoridades.

Según DeSantis, de esta forma el Estado dejará de "gastar" millones de dólares en atención médica que los hospitales públicos suelen brindar a los migrantes.

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Además, el proyexto castiga penalmente a quienes convivan con personas indocumentadas, a sabiendas de que su condición migratoria es irregular.

Esto significa que ninguna familia podría acoger a alguno de sus miembros que logre llegar a EE.UU. sin papeles, ya que quienes así lo hagan se podrían exponer a ir a la cárcel.

Tampoco podrán ser ayudados por iglesias ni por ningún tipo de organización, ya que sus miembros podrían ser denunciados y enfrentar un proceso penal.

"Se proporcionarán sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente violen ciertas disposiciones relacionadas con el transporte hacia o dentro de este estado, o la ocultación, el encubrimiento o la protección contra la detección, o el intento de detección, de personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos", advierte la iniciativa que ya ha sido impugnada por colectivos migrantes.