La organización internacional Human Rights Watch (HRW) se sumó al coro de voces que han denunciado la violación de derechos humanos en Perú, durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, en un detallado informe que habla de "abusos brutales contra manifestantes y transeúntes".
En un documento de 117 páginas publicado este miércoles, HWR documentó el "uso excesivo de la fuerza" por parte de policías y militares, que "podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias".
Con base en entrevistas realizadas a más de 140 personas, entre testigos, manifestantes, policías e incluso altas autoridades como ministros y fiscales, HRW contabilizó 49 víctimas —que incluyen ocho menores de 18 años— muertas en las movilizaciones.
La organización revisó autopsias, informes de balística y registros médicos que comprobaron que, al menos 39 de de las 49 muertes registradas por la Defensoría del Pueblo, fueron a causa de heridas de bala.
"Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el Gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado", declaró César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch.
"Complicidad en los abusos"
HWR consideró como muy "probable" que estos fallecimientos hayan sido "ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable".
El observatorio asegura que corroboró mediante el análisis de videos que las fuerzas de seguridad estaban equipadas con armas de fuego, a diferencia de los manifestantes. De hecho, la Policía no les incautó ningún arma de fuego, casera o no.
"La retórica del Gobierno, que parecía excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles que tienen a su cargo a las fuerzas de seguridad ante las sólidas pruebas de los abusos, plantea interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad en los abusos", señaló.
Señalamientos a la Fiscalía
En su informe acusó de "graves deficiencias" al Ministerio Público por la falta de recogida de pruebas iniciales clave de cara a las investigaciones penales sobre los hechos.
"En algunos casos, las autoridades no preservaron el lugar donde ocurrieron las muertes ni ordenaron que se hicieran pruebas de absorción atómica a militares y policías para detectar si realizaron disparos con armas de fuego. Tampoco decomisaron oportunamente sus armas para someterlas a análisis balísticos", agregó.
No solicitaron grabaciones de las cámaras de seguridad de los sitios en los cuales las personas resultaron heridas o muertas, deploró la organización. Según la denuncia, las autoridades tampoco dispusieron la realización de las autopsias antes de dos entierros.
Hasta principios de febrero, "ningún agente de policía había sido sancionado o apartado del servicio". La información ha sido confirmada por otras agrupaciones que velan por los derechos humanos.
El rol de la comunidad internacional
HRW también lamentó que, en general, los Gobiernos extranjeros no hayan tomado medidas de una manera "coherente" para defender la democracia y los derechos humanos en el país andino.
"Muchos países se han pronunciado solo de forma selectiva sobre la crisis en el Perú, en lugar de reconocer que la defensa de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en el país va de la mano de la protección de los derechos humanos", enfatizó Muñoz.
HRW deploró que pocas naciones presten atención "a las nuevas amenazas a las instituciones democráticas procedentes del Congreso".
"La comunidad internacional debe ser mucho más firme y coherente a la hora de denunciar las violaciones de derechos humanos y las amenazas a las instituciones democráticas en el Perú, presionar para que haya rendición de cuentas y ayudar a crear las condiciones necesarias para un diálogo nacional genuino que tenga en cuenta las legítimas preocupaciones de los peruanos", dijo Muñoz.