La presidenta de Perú, Dina Boluarte, encabezó este miércoles una conferencia de prensa tras la publicación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se denuncian graves violaciones durante las protestas antigubernamentales.
Desde el Palacio de Gobierno, en Lima, Boluarte se pronunció tras haber liderado una sesión del Consejo de Ministros en horas de la mañana, precisamente cuando la mayoría de medios locales se hacían eco de la difusión del documento de la CIDH.
Originalmente el evento estaba previsto para las 2:30 p. m. (hora local), pero al final comenzó casi 30 minutos después.
"Hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, más aun viniendo de un organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Rechazamos la existencia de ejecuciones extrajudiciales y la clasificación de masacre, aunque se mencione de forma condicional", aseguró Boluarte.
Sobre lo ocurrido en diciembre pasado en la localidad de Ayacucho —uno de los focos de protestas contra Boluarte—, la CIDH plasmó los casos de 10 personas que fallecieron allí, incluido un adolescente de 15 años, tras recibir impactos de bala.
"Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos", señaló la CIDH.
En tanto, la mandataria sostuvo este miércoles que "el Estado peruano lamenta la pérdida de vidas humanas y los actos vandálicos" registrados durante las movilizaciones.
"No hemos tenido ningún discurso de polarización, menos de división, siempre hemos llamado a la unión, a la paz", enfatizó Boluarte sobre otra de las acusaciones emanadas del informe.
Preguntada sobre las supuestas pruebas de que habían "terroristas" infiltrados en las protestas, Boluarte se limitó a referirse a la investigación realizada por el Ministerio Público. Hasta ahora el Gobierno no ha presentado ninguna evidencia al respecto.
"Un país en paz"
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, abogó por un "mutuo respeto y diálogo oportuno" entre el Estado y la CIDH, al mismo tiempo que instó a hacerlo sin "factores ideológicos y políticos".
"Lo que tenemos hoy en día es un país en paz y en tranquilidad", resaltó Otárola.
El órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) determinó que las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso, que dejaron 55 civiles y un policía muertos, así como 912 lesionados, fue caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza por parte de los agentes de seguridad.
Durante la presentación del informe, la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, puntualizó que en Ayacucho "hubo violación de los derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico y racial".
"Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre", enfatizó May Macaulay.