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Un juez cancela la orden de captura contra la exsecretaria mexicana Rosario Robles
La exfuncionaria era acusada por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por el caso conocido como 'La Estafa Maestra'.
Un juez mexicano dejó sin efectos la orden de captura en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien estaba acusada de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por el caso de 'La Estafa Maestra'.
De acuerdo con medios locales, el juez Eutimio Ordóñez Gutiérrez, del Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo probar la comisión de los delitos, ni la participación de Robles en los crímenes dentro de 'La Estafa Maestra', como se le conoce al esquema de desvío de más de 7.670 millones de pesos (436,5 millones de dólares) de las arcas gubernamentales, a través de 11 dependencias, incluyendo Sedesol y Sedatu.
🚨#ÚLTIMAHORA | Rosario Robles gana otra batalla legalRetiran órdenes de aprehensión a Rosario Robles por lavado y delincuencia en caso de “La Estafa Maestra” pic.twitter.com/X8FNfoVsMh
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 29, 2023
Las razones del fallo
"Los argumentos no son claros, pues no se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ningún ilícito; no se precisa en qué datos de prueba están soportadas cada una de las valoraciones que se hizo", explica la sentencia judicial.
Ordóñez Gutiérrez también consideró que fue excesivo que se solicitara una orden de captura contra Robles cuando la exfuncionaria estaba en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado al oriente de la Ciudad de México, y por lo tanto, no existía un riesgo de fuga.
Tras conocerse la decisión judicial, la FGR buscará apelar el fallo para dejar vigente la orden de captura contra Robles, según reportó El Financiero.
En febrero pasado, Robles fue absuelta del proceso penal que enfrentaba por el delito de ejercicio indebido del servicio público tras permanecer tres años en prisión preventiva. En lugar de la privación de su libertad, el juez le impuso algunas medidas cautelares al determinar que las presuntas omisiones para detener los desvíos eran una falta administrativa.
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