La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación ante la posibilidad de que las autoridades de seguridad pública en Argentina cometieran "uso excesivo de la fuerza" para reprimir las manifestaciones que se efectúan desde hace dos semanas en la provincia de Jujuy, al norte del país.
A través de un comunicado, la CIDH indicó que el pasado 17 de junio, "en medio de manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de aumentos salariales para docentes", los efectivos de seguridad de Jujuy se habrían excedido al utilizar "gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales".
El organismo, que está adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) y vela por defensa de los derechos humanos en la región, indicó que la situación de protestas en Argentina continúa en desarrollo y en ese sentido, expresó su preocupación ante una posible actuación desmedida de las fuerzas de seguridad provincial contra las manifestaciones.
La Comisión refirió que, según información del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, se habrían reportado 25 personas detenidas y entre ellas, habrían un adolescente de 17 y dos periodistas. Sin embargo, la CIDH resaltó que según el Estado, todas las personas que capturaron las autoridades, hasta el 19 de junio, fueron liberadas.
El organismo detalló que durante las protestas se han reportado personas heridas por "el uso de armamentos por parte de la Policía, entre ellas, un adolescente de 17 años que habría perdido un ojo". Asimismo, indicó la CIDH, el Estado informó sobre "la existencia de una persona herida como resultado del uso de un arma de fuego, sin que se conozcan sus condiciones específicas de salud".
"El Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza con la debida diligencia. Igualmente, debe asegurar que los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar la cadena y ejecución de órdenes", señaló el organismo y recordó que las fuerzas de seguridad estatales "tienen un rol fundamental en garantizar la seguridad de quienes se manifiestan, sin ningún tipo de represión directa o detención arbitraria".
"Establecer procesos de diálogo transparentes"
La CIDH también instó a Argentina "a establecer procesos de diálogo transparentes y voluntarios, que incluyan a las autoridades tradicionales locales, con el fin de abordar las demandas" de los manifestantes.
"En particular, hace un llamado a las autoridades locales de la provincia de Jujuy a dialogar de manera amplia y constructiva con los gremios docentes y sindicatos movilizados en torno a las protestas relacionadas con reclamos salariarles docentes y con la reforma constitucional provincial", señaló el organismo.
De igual forma, la Comisión manifestó su disposición a apoyar al Estado argentino en los procesos de diálogo y pidió a las autoridades "respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social". Además, advirtió que estarán "monitoreando de cerca" el uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones.
Asimismo, la CIDH instó al Estado argentino "a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios".
La ola de protestas en Jujuy, que han tenido réplicas de apoyo en el resto del país, se iniciaron a partir de una reforma constitucional provincial defendida por el gobernador de esa región, Gerardo Morales, una enmienda considerada como arbitraria e inconstitucional que es repudiada por los colectivos sociales de la provincia.
Desde entonces, la represión policial en Jujuy ha sido una constante y subió de intensidad durante el fin de semana, cuando se registraron decenas de heridos, entre ellos, el adolescente que perdió un ojo tras recibir un disparo y un turista que fue golpeado y detenido ilegalmente.
La crisis está lejos de ceder, ya que los manifestantes anunciaron que continuarán con las movilizaciones, luego que el legislativo local aprobara de manera irregular una reforma que afecta los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios, cambia el sistema electoral local y criminaliza el derecho a la protesta.
El conflicto ha escalado incluso a nivel del Ejecutivo, luego que el presidente argentino, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se enfrentaran públicamente contra el gobernador Morales, luego que este los acusara de provocar la violencia en esa provincia, que ya deja cientos de heridos, detenidos, destrozos en la Legislatura y una crisis política con final incierto.
Tras conocerse la preocupación de la CIDH sobre la situación en Jujuy, la vicepresidenta Fernández de Kirchner envió otro mensaje al gobernador: "¿Ve Morales por qué no hay que mentir? No es La Cámpora, ni el kirchnerismo, ni la Vicepresidenta, ni el Presidente, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (...) la que se acaba de pronunciar sobre la represión que usted ordenó en su provincia".
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