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Pesqueras japonesas se oponen al plan del Gobierno para verter al mar el agua radiactiva de Fukushima
Las autoridades anunciaron la medida en 2021, asegurando que los residuos, tras su procesamiento y liberación gradual al océano, son inofensivos.
El jefe de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras de Japón, Masanobu Sakamoto, ha reiterado la oposición de la comunidad ante la liberación al océano Pacífico de agua radiactiva tratada que fue utilizada para enfriar los reactores de la planta nuclear de Fukushima tras el accidente de 2011. La descarga está prevista para este verano, aunque aún no se ha fijado la fecha exacta, informa AP.
"No podemos apoyar la postura del Gobierno de que el vertido al mar es la única solución", declaró Sakamoto a los reporteros este jueves tras su reunión con el ministro de Economía y Comercio japonés, Yasutoshi Nishimura. "Liberar o no el agua al mar es una decisión gubernamental, y en ese caso queremos que el Gobierno asuma toda la responsabilidad", recalcó.
Las autoridades anunciaron la medida en abril de 2021, asegurando que el agua contaminada, antes de ser vertida, será filtrada para remover los isotopos nocivos, así como diluida hasta cumplir con todos los estándares internacionales. Posteriormente, se liberaría gradualmente al océano, por lo que supuestamente sería inocua para las personas y la vida marina.
El plan se ha enfrentado a fuertes protestas de las comunidades pesqueras locales, así como de los países vecinos, entre ellos Corea del Sur, China y algunas de las naciones insulares del Pacífico.
El Gobierno japonés, por su parte, afirmó que el agua, almacenada actualmente en unos 1.000 depósitos de la central, debe retirarse para evitar fugas accidentales en caso de terremoto y para dejar espacio para el desmantelamiento de la planta.
Asimismo, Tokio ha solicitado el apoyo del Organismo Internacional de la Energía Atómica para ganar credibilidad y garantizar que las medidas de seguridad cumplen las normas internacionales.
Mientras tanto, algunos científicos afirman que se desconoce el impacto de la exposición a largo plazo a dosis bajas de radionucleidos y que los planes de liberación deberían ser retrasados. Otros expertos que consideran la medida segura también piden más transparencia, incluida la posibilidad de que especialistas externos participen en el muestreo y la supervisión.
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