Los propietarios de restaurantes de comida japonesa en China temen acabar en la ruina como consecuencia de la decisión adoptada por Tokio de verter agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima al mar, informa Reuters.
Después del terremoto y posterior tsunami que en 2011 provocó daños en la planta de Fukushima, el Gobierno chino prohibió la importación de alimentos y productos agrícolas de cinco prefecturas de Japón. Posteriormente, la medida se amplió a otras cinco regiones niponas, aunque China sigue siendo el mayor importador de marisco japonés.
Las últimas restricciones se introdujeron en julio, después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica aprobara los planes de Tokio para descargar al mar el agua tratada de la planta nuclear. Pekín ha criticado duramente la medida argumentando que el vertido de agua contaminada pone en peligro la vida marina y la salud humana.
Las exportaciones japonesas de alimentos hacia el mercado chino casi se han detenido, mientras que los controles más estrictos han provocado retrasos a gran escala en las aduanas de China y los llamados que se hacen en las redes sociales a boicotear la comida japonesa "radioactiva" han mantenido alejados a los clientes.
"Situación de vida o muerte"
"Me preocupa mucho si podremos continuar", declaró Kazuyuki Tanioka, chef de un restaurante de sushi en Pekín. "La imposibilidad de importar ingredientes alimentarios es realmente una situación de vida o muerte para nosotros", añadió.
Ante este escenario, algunos restaurantes de comida japonesa están adaptando sus menús y obteniendo ingredientes de otros lugares para afrontar la situación. "Nuestro enfoque principal es obtener marisco dentro de China o de otros proveedores extranjeros. Si estos esfuerzos tienen éxito, existe la posibilidad de que nuestro negocio pueda continuar en el futuro", comentó Tanioka.
Por su parte, Tamotsu Fukuoka, director y gerente general de ventas de Aomori Chuosuisan, un mayorista japonés de mariscos, explicó que en este momento no realizan envíos a China debido a los altos costos que supone el almacenamiento de los productos en caso de que sean retenidos en las aduanas.