Un total de 21 miembros del Ejército de Colombia, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —organismo estatal que realizaba labores de inteligencia y contrainteligencia— y dos civiles, reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la ejecución de 303 asesinatos y desaparición de personas indefensas que presentaron como supuestas bajas en combate, caso conocido como 'falsos positivos'.
La JEP detalló este martes que "los 22 máximos responsables y dos partícipes no determinantes" procesados por el subcaso 'Casanare', ahora deberán pasar "del reconocimiento escrito", que ya entregaron a la magistratura de la JEP, a un acto público donde deberán asumir "las atrocidades" que cometieron frente a la justicia, los familiares de las víctimas y la sociedad.
El expediente al que hace referencia la JEP es el conocido como 'Caso 03' o 'falsos positivos', donde efectivos de seguridad del Estado cometieron ejecuciones extrajudiciales tras presentar falsamente a personas indefensas como guerrilleros o delincuentes que habían dado de baja en combate. Del total de imputados por estos hechos, dos oficiales no aceptaron su responsabilidad y serán investigados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción.
Los militares que pertenecieron a la Brigada XVI, el funcionario del DAS y los dos civiles habían sido imputados por la JEP en julio de 2022 por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra las 303 personas que fueron ejecutadas en 218 eventos ocurridos en los departamentos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, entre los años 2005 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Audiencia pública
En la Audiencia de Reconocimiento de Verdad que se realizará los días 18 y 19 de septiembre próximo en la ciudad de Yopal del departamento de Casanare, participarán los 24 procesados que reconocieron los falsos positivos de este subcaso.
"Los 24 responsables reconocerán los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados. Además, se referirán a los daños causados a las víctimas, así como a la organización criminal que se implantó en la Brigada XVI entre 2005 y 2008", explicó la JEP.
Entre los comparecientes convocados a la audiencia pública, en calidad de autores mediatos, están el mayor general Henry William Torres Escalante, el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel Henry Hernán Acosta Pardo, todos en condición de retiro.
A los 24 individuos se les atribuyeron crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Además, algunos de ellos también son responsables de cometer crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, y de lesa humanidad de persecución por razones de género.
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