El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que presentará una ley de reconciliación nacional dirigida a quienes hayan cometido delitos en el contexto del conflicto armado que acumula décadas en el país suramericano.
Durante su participación en un evento de entrega de tierras expropiadas a narcotraficantes y asignadas a campesinos del municipio Ciénaga de Oro (Córdoba), el mandatario se refirió de manera general a esta propuesta que se complementa con la ley de paz total, su principal apuesta política para dialogar con grupos armados.
La novedad de esta iniciativa es que incluye a los narcotraficantes, que no tienen un estatus político como los grupos de origen insurgente y que no pueden obtener los beneficios que contempla la Jurisdicción Especial para la Paz, mecanismo de Justicia transicional surgido del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Aunque el mandatario no ofreció más detalles sobre su proyecto de ley, dijo que los narcotraficantes tienen "otros caminos".
"Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos que hayan estado incursos en ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana, una vez se deje de la mente, del cerebro, la idea de matar al compatriota", dijo el presidente.
Propuestas dentro de la 'paz total'
A mediados de julio, durante la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso, Petro se refirió a la necesidad de establecer un acuerdo nacional para lograr la paz en Colombia desde hace por lo menos 50 años.
La 'paz total', que apunta sentar las bases para la política de paz del Estado, pone el acento en las comunidades más afectadas por el conflicto interno, promueve el diálogo y busca disminuir los niveles de violencia en el país.
Ya en marzo pasado, el Gobierno entregó ante el Senado el proyecto de ley que establece los fundamentos para el sometimiento a la Justicia de los grupos criminales organizados que operan en el país, en medio de una férrea oposición del fiscal general y la procuradora.
En el texto, que consta de 54 artículos, se proponen penas sustitutivas y restaurativas para quienes se acojan a la ley dentro de la Justicia ordinaria.
Previamente, el mandatario se había referido a la necesidad de una reforma a los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario, entre otras leyes conexas, con la finalidad de "humanizar la política criminal y penitenciaria"; sin embargo, no ha habido mayor avance en ese aspecto.