El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó este miércoles el decreto supremo que pone en marcha el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, programa que tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición, muerte y destino de las víctimas de la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
"En estos días donde hay quienes se atreven a negar todo esto (los crímenes de la dictadura), ¿cómo se responde a quienes invitan a olvidar, a quienes niegan lo que ocurrió, a quienes lo justifican y que no son capaces de decir que no lo harían de nuevo?", expresó Boric desde el Palacio de La Moneda, sede de la Presidencia en Santiago, la capital de Chile.
En ese sentido, el mandatario dijo que desde su Gobierno consideran que "la mejor manera de dar respuestas a algunas de estas preguntas, es llevando a la práctica y asumiendo, como responsabilidad colectiva e institucional, la responsabilidad que asumieron en su momento de manera solitaria las víctimas" del régimen que organizó el golpe de Estado contra el gobierno democrático del presidente Salvador Allende.
Para Boric, "la democracia es memoria y futuro, y no puede ser la una sin la otra", por tal razón, dijo, la puesta en marcha de este plan se traduce en el compromiso "permanente" del Gobierno y del Estado en "hacer todo" lo que esté a su alcance "para esclarecer" los crímenes de la dictadura militar.
"Esa verdad tiene que ser construida y es el Estado el que tiene que aportar para que se haga tal", añadió Boric durante la ceremonia en la que estuvieron presentes familiares de víctimas de la dictadura y que coincidió con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora este 30 de agosto.
Boric añadió que a su Gobierno no lo "moviliza el rencor" sino "la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso de la vida y la dignidad humana, es conocer toda la verdad". Para ello, dijo, es necesario no solo gestos sino también "políticas públicas concretas con financiamientos", como el mencionado plan, que ayudan a forjar "democracias robustas".
¿En qué consiste este plan y para qué sirve?
El Gobierno de Chile detalló en un comunicado que el objetivo del Plan Nacional de Búsqueda "es esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales".
En ese sentido, el Estado "busca trazar la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborar con las investigaciones judiciales y ayudar a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales" a través de tres líneas fundamentales:
- Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada, así como su paradero.
- Garantizar el acceso a la información y participación de los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
- Implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.
El plan, indica La Moneda, "tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado" por todos los gobiernos que sucedan al de Boric.
Aunque el programa contó con la participación de distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, de familiares de las víctimas, académicos, historiadores, entre otros actores de la sociedad chilena, el Ejecutivo considera pertinente hacer "otro esfuerzo" para contar con un registro más preciso sobre la cantidad de víctimas directas de la dictadura.
Víctimas de la dictadura
Según datos del Ejecutivo, basado en "diversas investigaciones judiciales" y el "trabajo de distintas instancias" del Estado, la dictadura de Pinochet asesinó y desapareció de manera forzada a por lo menos 3.200 personas, entre 1973 y 1990.
Las cifras oficiales estiman que 1.469 víctimas fueron desaparecidas de forma forzada. De ese cantidad, las familias y autoridades solo han podido identificar a 307 personas.
El Gobierno chileno destacó que en las labores de justicia, el Estado ha logrado condenar a varios agentes estatales, militares de la dictadura y civiles, tras confirmarse su responsabilidad como autores, cómplices o encubridores de la desaparición forzada, secuestro, torturas y asesinato de las víctimas.
A través del plan firmado por Boric, el Estado ampliará y continuará con las labores de búsqueda, recuperación e identificación de víctimas, así como "la posible restitución de las personas víctimas de desaparición forzada".
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