Perú está envuelta en una nueva polémica que involucra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y esta vez es por un informe que data de 2022. No obstante, no se conocía el documento hasta su reciente difusión por medios locales, lo que generó un alboroto entre la clase política.
El 20 de marzo del año pasado, la CIDH declaró admisible la denuncia contra el Estado peruano presentada por el fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, por la condena por terrorismo en su contra.
Campos fue sentenciado en 2006 a 32 años de cárcel por el delito de terrorismo en agravio al Estado. Dos años después, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia incrementó la pena a 35 años, al tiempo que desechó la opción de cadena perpetua.
La CIDH concluyó que en este caso se podría constituir violaciones de algunos preceptos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho a las garantías y protección judiciales.
La controversia
Esta medida ha generado molestia, especialmente en la derecha peruana. El miércoles la parlamentaria Martha Moyano, del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), llamó al Gobierno a acudir al Congreso para explicar en detalle la respuesta del Estado.
Entrevistada en el programa 'Beto a Saber', que transmite el canal local Willax, Moyano le pidió a la presidenta Dina Boluarte que "de una vez nos armemos de valor y retirarnos de esa porquería de Comisión y de Corte".
En la misma línea se expresó el legislador José Cueto, del ultraderechista Renovación Popular. "Es indignante para un pueblo que luchó contra el terrorismo que la CIDH haya admitido a trámite la demanda del asesino terrorista Polay Campos", escribió en X.
"¿Qué de bueno para el país tiene el continuar perteneciendo a la CIDH?", preguntó la congresista Patricia Chirinos, del derechista Avanza País. "¿No es evidente acaso que desde hace años juegan en pared con los terroristas, buscando con sus decisiones y pronunciamientos lavarles la cara a los enemigos del Perú?", añadió.
Una postura con la cual coinciden inclusive algunos diarios de circulación nacional, como Correo, que tituló en su portada de este jueves que "la CIDH juega en pared con Polay".
La influencia de Fujimori
Esta jornada la lideresa de FP, Keiko Fujimori, publicó la portada de Correo y aseguró que "es hora de hacer respetar las decisiones de nuestro país sobre un ente que siempre ha protegido a los terroristas y perjudicado al presidente que los venció".
La excandidata presidencial se refirió a su padre, Alberto Fujimori, quien en 2022 se benefició de un 'habeas corpus' avalado por el Tribunal Constitucional (TC) de Perú, hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado abstenerse de liberarlo.
"La misma CIDH que hoy abraza y beneficia a Víctor Polay del MRTA es la que bloqueó la sentencia del TC para la libertad inmediata de Alberto Fujimori", agregó la lideresa de FP en la red social.
La posición oficial
El ministro del Interior, Vicente Romero, confirmó que el Ejecutivo responderá a la demanda interpuesta por Polay. "Se le ha tratado como debe ser", afirmó a la prensa tras participar en un evento situado en el distrito de Pucusana, provincia de Lima.
Por su parte, el representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, aclaró que la CIDH no tiene facultades para anular la sentencia de 35 años de cárcel.
De hecho, en su documento el organismo supranacional enfatizó que su "propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad del señor Polay Campos, sino definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención".
Cuestionado por la emisora RPP, Adrianzén puntualizó que el Estado se pronunciará luego de que la defensa de Polay presente sus observaciones. Entretanto, resaltó que la defensa internacional de Perú es "sólida y permanente".
"No tenemos que preocuparnos frente a estos mensajes alarmistas", enfatizó.