El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este viernes que hay "un golpe de Estado en curso" en la nación centroamericana, donde el Congreso desconoció recientemente a la bancada de su partido, el Movimiento Semilla.
"Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de Justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto", alertó Arévalo.
En conferencia de prensa junto a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, Arévalo señaló las "acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias" destinadas a "impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente, la vicepresidenta y nuestros diputados y diputadas al Congreso de la República".
En este contexto, acusó directamente a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, al fiscal Rafael Curruchiche, al juez penal, Fredy Orellana, así como a la junta directiva del Congreso y "otros actores corruptos" de promover este presunto golpe.
"Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia", aseguró Arévalo.
Acción del Congreso
La junta directiva del Parlamento, liderada por Shirley Rivera, diputada del partido oficial Vamos, determinó el miércoles que Semilla ya no es un bloque legislativo y sus cinco legisladores, incluyendo a Arévalo, fueron declarados como independientes.
El Congreso justificó esa determinación tras lo sucedido el pasado lunes 28 de agosto, cuando la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dictaminó suspender provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.
La decisión de esa instancia del TSE respondió, a su vez, al cumplimiento del fallo de Orellana, quien ordenó la suspensión de la organización a pedido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), en razón de un presunto registro fraudulento de militantes en los años 2017 y 2018.
Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a convalidar los resultados del balotaje.
"El Estado de Guatemala debe respetar el resultado de las elecciones celebradas de manera libre y justa, las cuales constituyen la máxima expresión de la voluntad soberana, y uno de los fundamentos principales de la democracia representativa", expresó el organismo en un comunicado de prensa.
Llamado por la democracia
Con el 100 % de actas procesadas, el TSE oficializó la victoria de Arévalo con el 58 % de los votos contra el 37 % de la ex primera dama, Sandra Torres.
Sin embargo, Arévalo indicó que faltan cuatro meses para la toma de posesión, un plazo en el que "estas mafias políticas intentarán consumar el golpe de Estado", denunció.
"Recordamos que es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías en nuestra Constitución, como el derecho de manifestación pacífica", afirmó.
En ese sentido, el mandatario electo llamó a la sociedad en general a "unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular".
Sobre esta cuestión, el abogado y analista político Oswaldo Samayoa opina que la postura del presidente electo se debe a los constantes ataques contra el voto popular y su partido, al tiempo que considera que con sus recientes declaraciones Bernardo Arévalo hace sentir su liderazgo.
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