El Gobierno de Colombia presentó este lunes, de manera oficial, su Política Nacional de Drogas 2023-2033, que pone énfasis en la vida, el medioambiente y la penalización de las organizaciones de narcotráfico que desde hace décadas han generado violencia y desplazamientos en el país suramericano.
En un video institucional, el titular de Justicia, Néstor Iván Osuna, dijo que las principales bases de este programa son el "cuidado de la vida", el tránsito a la legalidad de las economías ilícitas y la protección del medioambiente, por el daño que han causado los cultivos extensivos de coca, cannabis y amapola.
Sobre el narcotráfico, dijo que la política del Ejecutivo apuesta a "la efectividad de la persecución penal, de la incautación de cocaína, la destrucción de laboratorios, la persecución del lavado de activos y la extinción de dominio".
Osuna explicó que esta iniciativa, proyectada para tener una vigencia de una década, se construyó con una "robusta participación popular", a lo largo de 2023, en encuentros territoriales donde han participado más de 3.000 personas, entre las que se encuentran campesinos, cocaleros, consumidores, padres e integrantes de juntas de acción comunal.
Este anuncio, que se esperaba para este lunes, ocurre días después del encuentro de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, realizada en Cartagena (Bolívar). Ambos mandatarios han manifestado una visión común en la manera de abordar la problemática del consumo y la producción de drogas que afecta a sus países.
Oxígeno y asfixia
Osuna se refirió a la estrategia llamada 'oxigeno y asfixia'. Lo primero se relaciona con el 'oxígeno' para el medioambiente, para los consumidores problemáticos y para los campesinos que no han tenido una alternativa distinta a cultivar hoja de coca, aseveró.
En esta parte del plan nacional se define al 'oxigeno' como la "contención de la expansión de cultivos ilícitos", que al finalizar 2022 tuvo un total de 230.000 hectáreas de coca sembradas, lo que implicó un incremento con respecto a 2021, cuando la cifra fue de 204.000 hectáreas.
A diferencia de sus antecesores, el Ejecutivo plantea que se logre este objetivo con mecanismos progresivos que no se relacionan directamente con la erradicación forzosa de los cultivos. Esta propuesta aspira a mejorar aspectos diversos como las condiciones de vida de las comunidades donde hay sembradíos ilícitos, a que se compren los territorios con plantaciones de ese tipo, al fortalecimiento de las economías populares y a la mejora de las condiciones de seguridad en esas zonas.
Un punto importante que ya ha sido asomado antes por Petro, y que ha generado controversia entre los sectores más conservadores, es la propuesta de "impulsar el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores" debido a su "baja influencia en el narcotráfico".
En cuanto a la 'asfixia', se plantea para los narcotraficantes, las mafias y los lavadores de activos. A través de esta política se busca la desarticulación de la capacidad de las organizaciones criminales, la destrucción de la infraestructura de producción de drogas y enfrentar la corrupción asociada a la implementación de la política.
Con respecto a la erradicación forzada, se especifica que solo se intervendrá áreas cuyas dimensiones excedan las establecidas para pequeños productores, donde hayan laboratorios para la producción de cocaína y en los cultivos que se amplíen tras la publicación de esta política.
En el documento también se hace referencia a los "mecanismos para mitigar la violencia y afectar los mercados ilegales de drogas", como los diálogos con grupos armados organizados y los procesos de sometimiento y desmantelamiento de estructuras del crimen organizado, que ya han sido adelantados en algunas zonas.
¿Cuál es el objetivo?
Esta política busca contribuir a la "consolidación de la paz y el cuidado de la vida" con miras a "reducir las vulnerabilidades asociadas al cultivo, producción, tráfico de drogas ilícitas y uso de sustancias psicoactivas".
Del mismo modo, procura "disminuir los impactos negativos de las economías ilícitas, debilitar el narcotráfico y las economías ilegales asociadas, reducir las extensiones de cultivos de uso ilícito y su transformación en sustancias ilegales y promover una regulación justa y responsable".
Los principales puntos
Como ya lo ha dicho el mandatario colombiano, se busca lograr un "tránsito integral" hacia las economías lícitas con el acento marcado en las comunidades, que son las principales afectadas por la violencia de las organizaciones criminales que se disputan el control de las rentas producto de la venta de drogas.
Asimismo, se plantea "implementar medidas de manejo ambiental y acción climática, para la conservación y restauración de las zonas que han sido afectadas por la economía de las drogas ilícitas".
Este plan nacional antidrogas pone sobre la mesa un asunto inédito en el abordaje de esta problemática del país suramericano, uno de los principales proveedores de cocaína en el mundo. Se trata de la transformación de las "narrativas estigmatizantes" y la implementación de "medidas de justicia social" a favor de los grupos que han sido afectados por el narcotráfico de manera desproporcionada, es decir, los consumidores y los campesinos.
Además, se propone avanzar en la "regulación de mercados como el cannabis de uso adulto" –propuesta que nuevamente es discutida en el Congreso, tras ser tumbada en la legislatura pasada– y los usos no psicoactivos de la hoja de coca.
El Gobierno de Petro, como ya lo ha adelantado en otras oportunidades, busca llevar la voz líder de una estrategia de diplomacia internacional que propicie un "cambio de paradigma" en el abordaje del fenómeno de las sustancias ilícitas, que tanto ese país como EE.UU. habían enfrentado décadas atrás con la llamada "guerra contra las drogas", que ha sido catalogada por expertos y políticos como un "fracaso".
¿Cuáles son las estrategias transversales de la propuesta?
Esta política tiene como pilares fundamentales los siguientes temas:
- Respeto de los derechos humanos con énfasis en las personas más vulnerables.
- El abordaje del consumo de drogas como un asunto de salud pública que considere la prevención, atención, tratamiento y desestigmatización.
- Protección de la vida y las libertades.
- Construcción de paz y reparación de las comunidades afectadas.
- Abordaje ambiental para evaluar y mitigar el impacto que ha causado la producción de sustancias ilícitas.
- Cierre de las brechas de género y reconocimiento del impacto de la violencia sobre las mujeres, principalmente.
- Intervención integral y particular en los territorios, según sus necesidades.
El impacto internacional de esta política
Esta política considera necesario "replantear algunas de las estrategias para enfrentar el fenómeno de las drogas ilícitas", que también pasa por "ajustes y revisiones en el régimen internacional" para "encontrar soluciones intermedias como las alternativas al encarcelamiento, las estrategias de reducción de daños y la regulación responsable de sustancias como el cannabis de uso adulto".
Los objetivos específicos de este apartados son los siguientes:
- Consolidar un bloque de países con visiones compartidas que impulsen nuevos enfoques frente al fenómeno de las drogas.
- Reforzar el principio de responsabilidad común y compartida con énfasis en el cuidado ambiental.
- Gestionar y articular la cooperación internacional para la implementación y seguimiento de la Política Nacional de Drogas.
Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!