Informe revela "fracaso" de gasto mundial de 974 millones de dólares en la guerra contra las drogas

En una década, los países desarrollados destinaron a otros Estados ayudas por 974 millones de dólares para la guerra contra las drogas que, en realidad, solo han servido para financiar políticas punitivas y violatorias de derechos humanos.

Así lo concluye el informe 'Ayuda para la guerra contra las drogas', elaborado por la organización no gubernamental Harm Reduction International (HRI), que analizó el destino de recursos que se destinan a la estrategia global.

"La guerra contra las drogas ha fracasado. Los gobiernos necesitan asegurar que el presupuesto de la asistencia al desarrollo es usado para promover la salud y los derechos humanos, no para financiar políticas represivas de control de drogas que han demostrado ser más dañinas e ineficaces", explicó Helen Clark, presidenta de la Comisión Global de Políticas de Drogas, al apoyar el lanzamiento de este nuevo documento.

Harm Reduction International analizó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y descubrió que 92 países recibieron fondos por 974 millones de dólares, entre 2012 y 2021.

La mayor parte de ese presupuesto proviene de EE.UU. (550 millones) y de la Unión Europea (282). Con cantidades que van de los ocho a los 78 millones de dólares se encuentran Corea del Sur, Finlandia, Alemania, Reino Unido y Japón.

Los principales países beneficiarios, en tanto, son Colombia, con 109 millones de dólares; Afganistán (37); Perú (27) y México (21).

Sin embargo, Colombia sigue siendo el país que lidera la producción de cocaína, con niveles récord, en tanto que México padece una crisis humanitaria que se traduce en más de 110.000 personas desaparecidas, la mayoría de estos registros desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006. La cifra crece a diario sin que la violencia tenga signos de declive.

En el caso de Afganistán, que lidera la producción sin precedentes de opio, recibió fondos incluso después de que los talibanes tomaran el poder en 2021, lo que recrudeció las violaciones a los derechos humanos en ese país.

Irán, Indonesia y Singapur también reciben "ayudas" para la lucha antinarcóticos, a pesar de que tienen leyes que imponen la pena de muerte por delitos vinculados a las drogas.

Fracaso

El informe destaca que los países ricos destinan más "ayuda extranjera" a la guerra contra las drogas que a proyectos sociales como alimentación escolar, seguridad alimentaria, educación de la primera infancia, derechos laborales o salud mental.

En el fondo, advierten, solo refuerzan una estrategia basada en históricas visiones racistas y coloniales encabezadas por EE.UU., que permiten gastar recursos públicos millonarios para reforzar o expandir políticas punitivas de control de drogas basadas en el prohibicionismo, criminalización de los usuarios de sustancias y militarización del combate.

"Estos flujos de financiación están fuera del ritmo de la evidencia existente, así como de los compromisos internacionales de desarrollo, salud y derechos humanos (…) dependen y refuerzan los sistemas que perjudican desproporcionadamente" a personas negras, morenas e indígenas en todo el mundo, señala al recordar que no hay un solo dato positivo de una estrategia impuesta durante décadas.

Aunque el prohibicionismo comenzó a avanzar a principios del siglo pasado, en 1973 hubo un punto de inflexión cuando el presidente estadounidense Richard Nixon creó la DEA y anunció la guerra contra las drogas.

Desde entonces, crecieron el consumo y la producción, así como las organizaciones criminales, la violencia y el encarcelamiento masivo, sobre todo de personas de escasos recursos acusadas de delitos menores relacionados con el narcotráfico.

A pesar de la evidencia negativa, EE.UU. sigue invirtiendo recursos multimillonarios. De acuerdo con el informe, este país gastó por sí solo 1.100 millones de dólares en 2021 para políticas antidrogas al interior a través de una amplia estructura burocrática que encabeza la DEA, organismo que ese año obtuvo un presupuesto de 464 millones de dólares.

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Alternativas

El documento advierte que la ayuda se destina a regímenes antidrogas punitivos y dañinos, en lugar de aceptar la "abrumadora evidencia" a favor de aplicar políticas de drogas basadas en la salud y los derechos humanos y con estándares internacionales claros.

"Es posible que las políticas y leyes de drogas contribuyan a sociedades más saludables y seguras. Esto requiere cambios en la forma en que se asignan actualmente los recursos. La política de drogas y los flujos de financiación internacionales asociados deben ser descolonizados. Los daños causados por los países que difunden políticas punitivas de drogas deben ser reparados; las comunidades destruidas deben ser reconstruidas", enumera.

De manera específica, señala, los estados aportantes podrían dejar de usar dinero de sus limitados presupuestos de ayuda para actividades de control de narcóticos y ser más transparentes sobre su gasto en actividades relacionadas con las drogas, incluida la reducción de daños.

También recomienda que los gobiernos despenalicen el consumo y la posesión de drogas; apoyen la reducción de daños para las personas que usan drogas y promuevan alternativas al encarcelamiento centradas en la salud y los derechos humanos.

Además, considera que podrían evaluar críticamente su propio gasto en control de drogas e involucrar significativamente a las comunidades y la sociedad civil en la toma de decisiones financieras y el monitoreo de todas las políticas relacionadas con esta problemática.