El nuevo choque de declaraciones entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa, tiene como epicentro la investigación contra miembros del Ejército que se hicieron pasar por disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para amedrentar con armas a una comunidad rural del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba.
En las últimas horas, el ente acusador informó que fue atacado con armas largas un helicóptero del Ejército donde viajaba una comisión de 20 personas, entre miembros del Ministerio Público, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que se dirigía a esa zona campesina para recolectar pruebas de lo sucedido.
Tras este hecho, el titular de la Fiscalía afirmó que esa acción armada, en la que todos los ocupantes de la aeronave resultaron ilesos, "denota que no existen garantías de investigación en Colombia".
¿Cómo fue el ataque?
Los medios locales reportaron que el tanque de gasolina del helicóptero donde se trasladaba la comisión multidisciplinaria recibió un impacto de bala en el tanque de gasolina, por lo que tuvo que regresar a la base militar de Carepa, en el vecino departamento de Antioquia.
En unas imágenes que circulan en las redes se observa el orificio que tiene la aeronave.
En un video difundido por W Radio se puede apreciar el momento cuando el helicóptero se dispone a aterrizar, tras lanzar una granada de humo amarrilla, utilizada por protocolo por las fuerzas militares para cubrir el sitio donde esperan detener la aeronave. Mientras el aparato se encuentra en el aire, se escuchan una detonaciones de armas largas.
¿Qué ha adelantado el Ejército?
El comandante del Ejército, Luis Mauricio Ospina, informó en una rueda de prensa desde Montería, capital de Córdoba, que diez uniformados fueron retirados de esa institución castrense, mientras que los mandos involucrados serán separados del comando de la unidad militar y no podrán ejercer funciones de liderazgo operacional ni de inteligencia.
Ospina manifestó que la Justicia Penal Militar y la Procuraduría asumirán las investigaciones disciplinarias, mientras que "el ejercicio de la acción penal" recae en la Fiscalía.
La Justicia Penal Militar comunicó que se dio inicio a la indagación por el delito de abuso de autoridad especial en averiguación de responsables.
El ataque contra la aeronave, según aseguró Ospina, fue perpetrado por el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo, que opera en esa zona.
Por su parte, el Ministerio Público adelantó que serán interrogados 30 soldados, dos suboficiales y un oficial de la Décima Primera Brigada del Batallón de Infantería N° 83.
Los reclamos del fiscal
En un nuevo capítulo de la disputa de Barbosa con el jefe de Estado, Gustavo Petro, el titular del ente acusador expresó que esta arremetida denota que en su país "no existen garantías de investigación" y que el Ejército no garantiza la custodia de los funcionarios del Poder Judicial.
En ese sentido, Barbosa aseveró que en las próximas horas le dirigirá una carta al presidente para manifestarle su preocupación porque los miembros de la Procuraduría, el Ministerio Público y la rama judicial "no puedan cumplir adecuadamente sus funciones en el territorio nacional".
Para Barbosa, "hay una obstaculización, un freno y falta de garantías" para que puedan adelantarse las indagaciones en Tierralta.
Según el fiscal general, en Colombia existe un "Estado de derecho fracturado" debido a que la "rama judicial del poder público no puede ejercer adecuadamente sus funciones".
En otras oportunidades, el funcionario ha acusado al mandatario de irrespetar la separación de poderes y de interferir con las labores que lleva a cabo esa institución.
El paramilitarismo
Durante su rueda de prensa, el fiscal general recordó las declaraciones de Petro tras el amedrentamiento en Tierralta. El presidente dijo que el Ejecutivo no permitirá que se vuelva al paramilitarismo y al despojo de tierras.
"Es el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del Gobierno, su propia investigación en estos hechos", escribió el mandatario.
Frente a estas aseveraciones, Barbosa coincidió con el jefe de Estado sobre lo "grave" que sería que "se paramilitarizara de nuevo" esa nación, pero de inmediato refutó sus declaraciones.
La controversia
"Quiero decirle que las funciones de investigaciones de este país no están en cabeza suya, sino en cabeza de la Fiscalía. He venido insistiendo que no le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones judiciales de ningún tipo".
Barbosa sostuvo que no permitirá que la jurisdicción militar "se entrometa en una investigación que tiene que ver con los derechos humanos de la poblaciones rurales".
Petro insistió en su postura y escribió en la plataforma X que el Ejecutivo "puede investigar a nivel disciplinario sus propios funcionarios, a través del control interno y de las comisiones protectoras".
Contexto criminal en Tierralta
El titular de la Fiscalía dijo que en Tierralta opera el Clan del Golfo y que ya se han emitido 83 órdenes de captura sin ejecutar contra sus miembros porque no ha habido actuación ni la Policía ni de la Fuerza Pública.
En medio de estos hechos, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien es gestor de paz, publicó un comunicado, difundido por W Radio, donde pide "abrir vías negociadas y privilegiar al diálogo político con las organizaciones que controlan esos territorios, desentrañar las raíces del conflicto, desmantelar los factores que los perpetúan y desmontar el orden social que implantaron".
Pidió a la Defensoría del Pueblo, a organismos internacionales y a ONG "implementar conjuntamente un sistema de alertas tempranas".
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