El procurador general de la República, Daniel Soria, declaró que la Fiscalía de la Nación "sí puede presentar la denuncia constitucional" contra la presidenta Dina Boluarte ante el Parlamento por las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales.
"Tenemos que distinguir entre el acto de denunciar, que la fiscal de la Nación presente la denuncia en el Congreso; y la parte de la acusación constitucional, donde el trámite se da entre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el pleno del Congreso. La fiscal de la Nación, desde nuestro punto de vista, sí puede presentar la denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte ante el Congreso", explicó.
Entrevistado el lunes por el diario local El Comercio, Soria afirmó que sería necesario interpretar el artículo 117 de la Constitución, pero acusar a la mandataria "impediría que posteriormente la Comisión Permanente haga la acusación ante el pleno, este la apruebe y pase todo nuevamente al Ministerio Público".
Por lo tanto, indicó que "esa fase congresal es la que tiene que analizarse a la luz no solo del 117, sino de la Constitución en su conjunto".
"El problema"
El procurador general reconoció que "el problema" es la interpretación de este capítulo de la Carta Magna, que entre los hechos por los cuales se puede acusar a una mandataria no contempla los delitos imputados a Boluarte.
La jefa de Estado es investigada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a causa del fallecimiento de decenas de personas acontecidas durante "enfrentamientos" con las fuerzas de seguridad pública.
"Estos hechos de homicidio, lesiones, no están en esa lista", aclaró Soria, quien señaló que "debería existir un supuesto también para que se acuse al presidente en el Congreso por delitos de corrupción o delitos también contra los derechos humanos".
Entonces, Soria opinó que la clave está en "una interpretación más integral de la Constitución", que recalque "la obligación del Estado de proteger los derechos fundamentales y sancionar violaciones a los derechos fundamentales".
"Se va a generar todo un debate jurídico sobre si este artículo se aplica a rajatabla o hay que interpretarla con el conjunto de la Constitución para dar pase al siguiente momento de la investigación: la formalización de la investigación, la eventual acusación y su pase a juicio", dijo.
La respuesta gubernamental
El lunes la prensa local le consultó al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sobre el interrogatorio que tuvo en el Ministerio Público, como parte de la misma indagación que enfrenta Boluarte.
Sin embargo, Otárola se refirió a lo esbozado por Soria. "En mi caso, a diferencia de algunos funcionarios como el procurador general del Estado, yo respeto escrupulosamente la reserva de las investigaciones y me remito al accionar de la Fiscalía", contestó.
Esa misma jornada, la presidenta peruana arribó a la sede del Ministerio Público en Lima para atender a los fiscales, a la Procuraduría General del Estado (PGE) y a los abogados de las familias de las víctimas, empero guardó silencio nuevamente.
"Los abogados de la PGE manifestaron que si bien respetaban ese silencio, consideraban que las 47 preguntas que se había preparado tenían que incorporarse en el acta. Ya era la última oportunidad en la que iba a haber una diligencia con la presidenta, en poco más de un mes todas las diligencias van a terminar", apuntó Soria.
En ese sentido, el procurador general indicó que con las interrogantes incluidas en el acta y con otros elementos, la Fiscalía puede "llegar a una conclusión y decidir si denuncia constitucionalmente por los tres delitos, por dos o por uno; o por ninguno y lo archiva".