La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un nuevo informe sobre las protestas que se produjeron en Perú contra la presidenta Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en el que ratificó que hubo violaciones a los derechos humanos.
En el documento, de 54 páginas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aclaró que la mayoría de las protestas, incluidas las que se realizaron de marzo a julio de este año, "se desarrollaron de forma pacífica, aunque algunos manifestantes y otras personas protagonizaron actos de violencia".
En la víspera el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, acudió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para exponer la posición del Gobierno de Boluarte y habló de "escenario de violencia generalizada alimentados por grupos extremistas".
Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, miles de personas se manifestaron contra Boluarte, dejando un saldo de 67 personas fallecidas y miles de heridas. Del número de decesos, 49 se dieron en enfrentamientos con efectivos.
"En los casos documentados, las personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley hicieron uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida", concluyó la ONU.
Y entre sus recomendaciones al Estado peruano, la Oficina de Derechos Humanos mencionó que se debe "garantizar que no se utilicen armas de fuego en el contexto del control de multitudes durante las protestas sociales" y "abordar eficazmente los estereotipos discriminatorios o racistas" que se emplearon en contra de manifestantes.
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