TSE de Guatemala confirma suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) confirmó este jueves que la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, al que pertenece el presidente electo, Bernardo Arévalo, se encuentra suspendida a petición del Ministerio Público y del juez séptimo Fredy Orellana.

"Dando cumplimiento a la orden del juez séptimo y también teniendo en cuenta que el proceso electoral ha finalizado, el Registro de Ciudadanos (RC) ha procedido especialmente a conocer y a acatar la orden dada por el juez. En esta cuenta la personería jurídica del Movimiento Semilla queda suspendida", indicó el portavoz del TSE, Luis Gerardo Ramírez, en declaraciones a la prensa local.

El alto funcionario explicó que la medida contra el partido del mandatario electo significa que a partir de hoy "no pueden realizar trámites administrativos dentro del Registro de Ciudadanos", decisión que se da, recalcó, en "cumplimiento a la orden del juez" Orellana.

Ramírez, según declaraciones citadas por el medio local Prensa Libre, recordó que el ente cumplió con su labor al culminar el proceso electoral, validar los resultados de los comicios presidenciales, oficializarlos y anunciar que estos "son inalterables" y que las autoridades electas "deberán tomar posesión de sus cargos el 14 y 15 de enero respectivamente".

Además aclaró que aunque la personalidad jurídica del Movimiento Semilla está suspendida, no significa que el partido político esté cancelado. Igualmente comentó que darán toda la información que requiera la Fiscalía para hacer sus averiguaciones.

Antes de conocerse la medida, el Movimiento Semilla citó en la red social X declaraciones de Juan Gerardo Guerrero, fiscal nacional del partido, quien dijo al medio local La Hora que si resultaban suspendidos debido al cierre de la protección temporal que le otorgó la Corte de Constitucionalidad, a través del amparo provisional que les mantenía vigente su personería jurídica, tomarían acciones legales.

"Si en dado caso es suspendido por el director del Registro de Ciudadanos, haremos uso de los mecanismos legales establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos", indicó Guerrero quien adelantó que introducirían "un recurso de apelación" y recurrirán a "la defensa penal y administrativa del proceso del partido político" que ganó las elecciones presidenciales en agosto pasado.

"Persecución judicial"

El proceso de suspensión de la personalidad jurídica de Semilla se remonta a julio pasado, cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó ese proceso para iniciar una investigación sobre supuestas irregularidades en la conformación del partido, que tendrían que ver con presuntas anomalías en las firmas de sus adherentes.

La iniciativa, de la que ha tomado parte la fiscal general, Consuelo Porras, ha causado polémica en Guatemala, porque los seguidores de Arévalo y militantes de Semilla alegan que la alta funcionaria promueve una "persecución judicial" desde el Ministerio Público y con apoyo de juez Orellana, así como un intento de generar un golpe de Estado para evitar que el presidente electo tome posesión.

A inicios de octubre pasado y en medio de fuertes protestas que exigían la renuncia o destitución de la fiscal general, Porras se defendió y dijo que ella estaba "obligada a investigar todos los hechos denunciados" y a "garantizar el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes del país y las convenciones en materia de derechos humanos".

Arévalo califica como "positiva" la decisión del TSE de concluir el proceso electoral en Guatemala

Las acciones de Porras son respaldadas por el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez Orellana. Estos tres funcionarios, que están incluidos en una lista de EE.UU. donde los califican de "corruptos" y "antidemocráticos", intentaron suspender a Semilla con acciones como el allanamiento de su sede, así como del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para incautar las actas del proceso de votación.

Esas acciones aumentaron la crisis política e institucional en Guatemala y provocaron el llamado a paro indefinido que promovieron, fundamentalmente, sectores indígenas, civiles y estudiantes y que incluyó cortes de carreteras y bloqueos de sedes administrativas de la Fiscalía en todo el país.

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