Organismos de derechos humanos de Argentina presentaron un proyecto de ley contra el negacionismo de los crímenes cometidos por la última dictadura (1976-1983), en medio del avance de discursos públicos que justifican y avalan la persecución, represión, secuestros, torturas, asesinatos, robo de niños y desapariciones masivas cometidas por los represores.
"(La iniciativa) propone la formación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado y sanciones a quienes tengan responsabilidades institucionales y promuevan discursos negacionistas", explicó la Secretaría de Derechos Humanos con respecto al documento que se entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
"La propuesta tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina y los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino", agregó.
El escrito está firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
En los últimos meses, los discursos negacionistas se fortalecieron en el debate público debido a que el candidato presidencial ultraderechista, Javier Milei, es uno de los personajes que niega el número de desaparecidos y minimiza los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.
De hecho, durante uno de los debates los calificó como simples "excesos", mismo término que usaron los dictadores durante los juicios en los que fueron condenados.
Además, la candidata a vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, es una defensora a la dictadura, que siempre ha justificado los crímenes que ni siquiera reconoce como tales y que promueve la liberación e impunidad de los represores.
Cambios
El proyecto presentado al Congreso establece la capacitación obligatoria en derechos humanos de todo el personal que forme parte de los tres poderes del Estado.
La intención, según la propuesta, es fortalecer el avance progresivo de los derechos humanos, consolidar el proceso de memoria, verdad y justicia, y resguardar los consensos multipartidarios conseguidos a 40 años del retorno de la democracia.
"Además el proyecto modifica el Código Penal para incluir sanciones a aquellos que públicamente tengan discursos negacionistas. Esto se aplica tanto a funcionarios como a candidatos a cargos electivos", señala el proyecto.
También se plantea cambiar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar la difusión de contenidos negacionistas; y establece sanciones disciplinarias a los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o el Servicio Penitenciario que, en ejercicio de sus funciones, lleven adelante este tipo de discursos.
"Se considera que las expresiones negacionistas de los funcionarios públicos son especialmente graves, ya que deben salvaguardar el orden constitucional y democrático y prevenir violaciones de derechos humanos según normas internacionales específicas", explican los proponentes.