"Ellos ocasionaron las muertes": embajador de Perú se irrita ante cuestionamientos en la CIDH

El Gobierno de Perú ha responsabilizado en varias ocasiones a las propios manifestantes que perdieron la vida en medio de las manifestaciones contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, por su muerte. Y este viernes uno de sus representantes insistió en esta teoría.

Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C., se trataron los avances en las investigaciones por los decesos durante las movilizaciones entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, que dejaron 67 muertes.

En un instante, algunas personas ingresaron al evento para increpar al embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén. "Exigimos que se llame al orden, el Estado peruano no puede permitir esta presentación", señaló el funcionario a la segunda vicepresidenta de la CIDH, Roberta Clarke.

"El Estado está mintiendo", afirmó una mujer tanto en español como en inglés. Visiblemente perturbado, Adrianzén le dijo a la comisionada Clarke que "la delegación del Estado peruano se va a tener que retirar" si no la sacaban del lugar.

Mientras la mujer acusaba a Adrianzén de "mentiroso", el diplomático ofuscado respondió que "ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes".

Clarke pidió a la seguridad del recinto sacar a las personas, pero antes un hombre calificó al embajador de "sinvergüenza" y aseveraron que Boluarte "debe irse".

"A mí nadie me va a amedrentar": Boluarte enfurece en medio de una protesta que termina siendo reprimida

"Cárteles organizados"

En mayo pasado, en un evento en el que compartió tribuna con el director asociado para las Américas de la oenegé Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, el diplomático vinculó las movilizaciones con hechos delictivos.

Adrianzén citó un informe de HRW sobre los lugares en que hubo marchas, como la ciudad de Juliaca, donde "está la mina de oro ilegal más grande de Perú", o Pichanaqui, donde hay "narcotráfico y terrorismo".

"Coincidentemente en cada uno de estos lugares donde estallaron los brotes de protesta, que así ha registrado HRW, es donde tenemos la presencia de estos crímenes organizados, de estos cárteles organizados", añadió.

Naciones Unidas aclaró el mes pasado que la mayoría de las movilizaciones, incluidas las que se realizaron de marzo a julio de este año, "se desarrollaron de forma pacífica, aunque algunos manifestantes y otras personas protagonizaron actos de violencia".

Reacciones

Carlos Rivera Paz, abogado de las familias de las personas fallecidas, aseguró en la red social X que este pronunciamiento "le costará mucho al Estado".

"Denigrante intervención del embajador Adrianzén en sesión de CIDH imputando —a voz en cuello— a los manifestantes (con) las muertes durante las protestas. Nunca antes un representante del Estado había tenido una conducta tan rastrera", escribió.

Por su parte, el secretario ejecutivo del colectivo Red Muqui, Jaime Borda, se solidarizó con los deudos que estaban presentes en la audiencia. "El embajador insultó a las víctimas sin ningún pudor", fustigó.

"El salvaje de Adrianzén revictimiza a las víctimas en plena audiencia de la CIDH. Repite una vez más una de las más insultantes mentiras de la coalición autoritaria en Perú: que las muertes las causaron los mismos manifestantes", criticó el sociólogo Omar Coronel.

Mientras que Muñoz expresó que "son necesarias medidas urgentes para que no se repitan las gravísimas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas".

"Es una burla para las víctimas": Repudian mutismo de Boluarte ante la Fiscalía de Perú

Recomendaciones

La audiencia pública celebrada este viernes en la capital de EE.UU. se efectuó en el marco del seguimiento a las sugerencias emanadas del informe de la CIDH en el contexto de protestas en Perú, en el que constató violaciones a los derechos humanos.

De las 67 muertes registradas, 49 se perpetraron a causa de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pública del Estado peruano.

El mes pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se reunió con altas autoridades de la CIDH y garantizó el "firme compromiso de implementar las recomendaciones" del órgano de la OEA.