El Consejo de la Unión Europea (UE) extendió las sanciones contra Venezuela, pero en esta ocasión lo hizo solo por seis meses, en lugar de un año, como lo hacía habitualmente, al considerar que se han dado "pasos positivos" en el país suramericano.
"En vista de la situación en Venezuela, el Consejo ha decidido hoy prorrogar excepcionalmente sus medidas restrictivas solo durante seis meses en lugar de un año, hasta el 14 de mayo de 2024", dice un comunicado de prensa de la institución.
El Consejo, señala el texto, aprecia como un "paso positivo y necesario" el acuerdo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición política de ese país, alcanzado el mes pasado en Bridgetown, Barbados, que incluye compromisos relacionados con los comicios presidenciales, que se realizarán en el segundo semestre de 2024.
"El Consejo acoge con satisfacción el acuerdo político liderado por Venezuela del 17 de octubre de 2023 en Barbados, que representa un paso positivo y necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo y hacia la restauración de la democracia en Venezuela", indica.
Asimismo, el Consejo de la UE manifestó que está "dispuesto a tomar medidas y considerar la flexibilización o revocación de las medidas restrictivas", dependiendo de la evolución de la situación y la implementación de este acuerdo político en Venezuela.
También, dijo, dependerá de los avances realizados hacia la liberación de todas las personas detenidas "injustamente", el progreso en favor de la "libertad de expresión", la independencia del proceso electoral y de las instituciones judiciales que permitan "elecciones creíbles, inclusivas, transparentes y democráticas", y el respeto de los derechos humanos y políticos.
Reevaluar
El Consejo indicó que reevaluará el alcance de sus medidas restrictivas dentro de seis meses; no obstante, expresó estar dispuesto a volver a abordar esta cuestión "en cualquier momento", sobre la base de "avances concretos, sostenibles y verificables con respecto a la situación en Venezuela".
Entre otras cuestiones, las sanciones de la UE a Venezuela, impuestas desde 2017, incluyen un embargo de armas y la prohibición de viajar y la congelación de activos de 54 personas.
Después de conocerse el acuerdo alcanzado en Barbados, EE.UU. levantó algunas sanciones petroleras y mineras impuestas a Venezuela. Tras ello, el canciller de España, José Manuel Albares, instó a la UE a revisar las medidas impuestas contra Caracas.
"He intervenido ante mis colegas para plantearles estudiar la revisión de las sanciones de la UE a Venezuela, en línea con las recientes decisiones de EE.UU., en ese sentido, y vista la evolución positiva del diálogo entre venezolanos", expresó entonces.
Venezuela responde
Tras conocerse la decisión de la UE, el Gobierno de Venezuela calificó la medida como "arrogante e ilícita", al considerar que este tipo de acciones son "ilegales" y violan el derecho internacional, "los principios sagrados de la Constitución y trasgrede las normas descritas en la Carta de las Naciones Unidas".
El canciller venezolano, Yván Gil, advirtió también que estas "ilegales medidas coercitivas" contra la población venezolana, inhabilitan al bloque europeo a "participar en los procesos políticos venezolanos".
Además, Caracas sostiene que "una vez más", la UE refleja ante la comunidad internacional, "la continuidad de su política injerencista" en los asuntos internos de Venezuela, al aplicar "medidas degradantes, dañinas e injustas que, en este caso, pretenden castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley".
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